José Adán Silva [email protected]
Nicaragua, este país de inverosímiles y contradicciones, no ha conocido una política social flexible y justa. Todo lo contrario: las políticas sociales han sido dispares, crueles y burlescas. El Plan Nacional de Desarrollo propone políticas sociales casi de fantasía que, a simple vista, parece más difícil que cazar una quimera
ÁREA SOCIAL
La meta es ésta: establecer una política de desarrollo social integral, que permita a los nicaragüenses alcanzar sus derechos, libertades y condiciones básicas para realizar sus potencialidades humanas de manera plena.
Y el punto de partida es éste: de los 33 países latinoamericanos, Nicaragua es el más pobre, después de Haití. Por eso no sorprende que, en base al índice de consumo, casi la mitad de los 5.2 millones de nicaragüenses sea pobre. Exactamente el 45.8 por ciento, que equivale a 2.3 millones de personas, de las cuales casi 800 mil son extremadamente pobres. Ellos viven con menos de un dólar al día.
Por encima de esta realidad, a la par o debajo de ella, el gobierno del presidente Enrique Bolaños ha realizado un Plan Nacional de Desarrollo en el que plasma una serie de ideas ambiciosas, a corto y mediano plazo, cuyo principal obstáculo para concretarlas son las fuentes de financiamiento, ya que en su mayoría depende de los organismos financieros o países donantes, cuya disponibilidad de recursos todavía está “pendiente”.
¿SISTEMA IDEALISTA?
Según el documento, para darle forma a este plan se conformará un sistema que establezca y ejecute los siguientes componentes, los cuales constituyen la estructura global de esta sección:
1.- Una política social articulada con la política macroeconómica (monetaria y fiscal) para prevenir impactos perjudiciales a los grupos más vulnerables, que promueva el empleo, favorezca una redistribución del ingreso y aumente los recursos de inversión pública orientados a estos grupos.
2.- Una política de combate a la pobreza, incorporando a los sectores sociales excluidos al mercado laboral y empresarial, fomentando la inversión en capital humano y capital social.
3.- Una mayor cobertura y calidad de los servicios sociales básicos universales de educación y salud, aumentando la eficiencia en la prestación de estos servicios.
4.- Una política de protección social que atienda los problemas más urgentes de los grupos más vulnerables y mitigue y prevenga las situaciones de riesgo y vulnerabilidad.
5.- Una política de ampliación y mejoramiento de la infraestructura social en educación, salud, protección especial, agua, saneamiento y vivienda con nuevas modalidades que permitan una asignación más eficiente y coordinada de la inversión pública.
EJES DEL PLAN
Según el documento oficial del Plan Nacional de Desarrollo (PND), los principios fundamentales que guiarán la política social de Nicaragua están basados en los siguientes ejes: integralidad, sostenibilidad, doble responsabilidad participativa, descentralización y equidad.
INTEGRALIDAD
Al tener diversas dimensiones, la Política Social requiere de un esfuerzo mancomunado de las diferentes entidades gubernamentales, las cuales deben coordinarse y articularse para lograr mayor eficiencia en el manejo multisectorial.
Asimismo, según el PND, el sector público procurará articular con el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación, los esfuerzos para desarrollar una política de responsabilidad social compartida.
SOSTENIBILIDAD
La inversión social no puede ser sólo asistencialista, sino que debe ir acompañada de programas de inversión en capital humano con énfasis en lo productivo y acceso al crédito y asistencia técnica que posibilite la inserción al mercado de personas que tradicionalmente han estado marginados, así como a la pequeña y mediana empresa. “La creación de empleo es por lo tanto la mejor forma de darle sostenibilidad a la política social”, estiman.
DOBLE FOCALIZACIÓN
Primero, “la orientación de la inversión social debe basarse en una selección territorial que considere las zonas del país con mayor potencial productivo donde se pueda generar el mayor número de empleos a partir de la conformación de conglomerados productivos”.
Y segundo, “identificación de los grupos más vulnerables dentro de esos territorios que requieren de la intervención del Estado para crear las condiciones socioeconómicas idóneas. No obstante, las zonas de mayor pobreza y vulnerabilidad continuarán siendo atendidas a través de los programas sociales universales”.
CORRESPONSABILIDAD PARTICIPATIVA
Señala que la política social debe ser una responsabilidad compartida por el Estado, los gobiernos locales, la sociedad civil y las personas beneficiarias.
“Ello requiere de la concertación y de la coordinación de las acciones públicas, privadas y comunitarias con los sujetos de protección en los niveles local, regional y nacional”, dice el documento.
DESCENTRALIZACIÓN
La política social “requiere avanzar por un proceso de descentralización que conlleve a la transferencia de responsabilidades y recursos a las localidades, la entrega de facultades de control y fiscalización por parte de los individuos y las comunidades y una mayor eficiencia de la inversión social”.
EQUIDAD
Se deberá mejorar el nivel de distribución del ingreso y de la riqueza, ya que se reconoce que una mayor equidad permite un mayor crecimiento económico y un duradero ambiente social y político.
