Eduardo Enrí[email protected]
El “corralito” en que la Policía pretende encerrar a los periodistas durante sus actos es una idea buena, pero está mal implementada, y lo que es peor aún, nace por una motivación equivocada.
La verdad es que desde hace varias semanas la Policía Nacional ha venido restringiendo el acceso de los periodistas de LA PRENSA a sus oficiales y a la información en general. Esto no es casual, esas restricciones iniciaron a raíz del escándalo en Bluefields; la situación llegó al punto con este Diario, que hasta para solicitar una sencilla entrevista sobre los trámites de los nuevos seguros de vehículos, la oficina de Relaciones Públicas exigió a la periodista Elízabeth Romero una carta que pasó sin respuesta durante un mes, y al final la Policía convocó a una conferencia de prensa para hablar sobre un tema que sólo ella había requerido.
Pero no bastaron las medidas contra LA PRENSA, y las restricciones se ampliaron a todos los medios. Ahí apareció el “corralito”, que además está rodeado de policías. Los reporteros deben realizar su cobertura desde ahí y tienen prohibido salir, so pena de ser expulsados de la actividad, como sucedió ayer durante la celebración del aniversario de la Policía, cuando sacaron al periodista Jorge Loáisiga, como si se tratara de un elemento peligroso.
La idea del corral es muy utilizada por los departamentos de relaciones públicas de todo el mundo, pero sólo mientras dura un acto. El “corralito”, si fuera bien aplicado, serviría para dar a los periodistas un lugar cómodo donde estar durante el acto, y a los camarógrafos y fotógrafos les permitiría tener buenas tomas, pero esos no son los factores que la Policía toma en consideración. Su objetivo es mantener a los periodistas encerrados, controlados y mientras más incómodos, mejor.
Otra modalidad que está dentro de la política del “corralito” es que los reporteros que cubren un evento no pueden preguntar sobre temas ajenos al evento. Eso es absurdo.
Yo no sé si los policías están claros, pero que celebren un año más es de mínimo interés para los medios y para la población en general. Si se le da cobertura es para ir más allá del acto protocolario. Siempre hay una gran cantidad de temas que tratar con los policías o los invitados, y lo menos que esperan los periodistas es que los dejen hacer su trabajo, pero si están confinados, es imposible.
La Policía argumenta que por razones de orden los reporteros deben permanecer en el “corralito”; y la solicitud por escrito de cualquier entrevista –que nunca antes había sido necesaria– puede tener la misma argumentación. Pero lo que en realidad pretenden es proteger a los altos mandos de preguntas incómodas.
De esto no se puede culpar únicamente al comisionado Marlon Montano, actual jefe de Relaciones Públicas, esa es una decisión institucional. Los altos mandos han decidido que hay preguntas demasiado incómodas y no quieren responderlas.
Eso lo podría hacer la Policía si fuera una empresa privada, pero es una institución del Estado que funciona con los impuestos que pagan los ciudadanos. Ellos como funcionarios públicos se deben a la ciudadanía y su información debe ser pública también. Les incomode o no. Esas son las reglas del juego.
De cualquier manera, un “corralito” no va a impedir la cobertura de los temas que incomodan a la alta oficialidad. Y con esa política de empujones, puertas cerradas y “corralitos”, el daño más grande se lo causan ellos mismos.
