Roberto Porta Có[email protected]
Desde su implementación en 1991 ha existido la percepción de que el dos por ciento aportado al Inatec por los empleadores nacionales es un impuesto más. Si agregamos algunos lapsos de ineficiencia que la institución ha experimentado a lo largo de su historia, esta percepción se ha transformado en una aprehensión profunda proveniente de cinco sectores: los aportantes legítimamente mal atendidos; los aportantes a los que el Inatec no ha sabido explicar su misión; algunos institutos privados cuya operatividad depende principalmente de la demanda generada por el uso del dos por ciento; los aportantes con ambiciones políticas o gremiales que utilizan el debate sobre el Inatec como punta de lanza; y los aportantes que simplemente no consideran indispensable capacitar a sus trabajadores.
El dilema se profundiza cuando nos percatamos de que el dos por ciento aportado no es destinado exclusivamente a capacitar a los trabajadores de las entidades aportantes, sino que es un fondo común con que el Estado debe financiar la educación técnica a nivel de secundaria, los programas a sectores vulnerables y la capacitación a los trabajadores mencionados.
El Inatec cuenta con 32 institutos técnicos por todo el territorio nacional, los que atienden a más de 14,000 estudiantes, en su mayoría jóvenes que no accederán al sistema universitario. Esto conlleva un presupuesto financiero para más de 800 maestros y supervisores, incluyendo 30 sindicatos con su convenio colectivo, además del cada día más costoso material fungible para las prácticas. Súmese a esto los más de 400 trabajadores en la sede central que coordinan la ejecución académica y administrativa y es fácil comprender por qué es imposible “devolver” el total del aporte. El Inatec no utiliza la mitad del dos por ciento para “gastos administrativos”, sino para sus 32 centros, sus internos y los programas especiales.
También, hay que recordar que el Inatec no recibe transferencias del Ministerio de Hacienda para gastos corrientes, sino una módica asignación anual confinada a la reparación y ampliación de sus 32 centros. Los fondos provenientes de la cooperación internacional tampoco pueden ser utilizados para complementar el presupuesto institucional, sino para proyectos formulados previamente por los donantes.
El comparar al Inatec con sus homólogos vecinos puede resultar revelador. En Costa Rica, por ejemplo, el aporte es un promedio del uno por ciento mensual de las planillas brutas, pero ni un centavo de ese aporte es “devuelto” al aportante. El recaudo es canalizado a los centros tecnológicos estatales, los cuales pueden ser parcialmente utilizados por las empresas, pero sin exigir una “retribución” específica. Los cursos ajenos a la oferta de la institución estatal deben costearse por aparte, mientras que la educación técnica en secundaria es responsabilidad del Ministerio de Educación costarricense. Similarmente, en Panamá existe el impuesto del Seguro Educativo, que corresponde al 2.75 por ciento de las planillas brutas nacionales. Una porción del recaudo es asignada a la institución homóloga del Inatec y el resto a los centros técnicos propiedad del Estado.
¿Qué alternativas existen en Nicaragua para satisfacer a los aportantes sin debilitar el subsistema de educación técnica? Considerando que tradicionalmente el Inatec ha “devuelto” alrededor de la mitad de lo que recauda en concepto del dos por ciento, una posibilidad sería la de reformar su Ley Orgánica para reducir la obligación del aporte a solamente un 1.25 por ciento, permitiéndole al aportante invertir el otro 0.75 por ciento en el rubro que mejor estime conveniente. Ya que el Inatec “devuelve” cerca de la mitad de lo que recibe, ¿para qué requerirlo entonces? Este escenario presupone que los aportantes recordarán que su competitividad depende del nivel de capacitación de su fuerza laboral y que por lo tanto continuarán sus propios programas de formación. De esta forma, el Inatec se concentraría en la educación técnica de secundaria y certificaría los programas privados. Simultáneamente, se podría modificar la Ley 290 para adscribir el Inatec al Ministerio de Educación, logrando así una productiva homogenización de la oferta académica, al evitar duplicidades, reducir costos operativos y convertir al subsistema técnico en sujeto de más cooperación internacional. Más tarde, el 1.25 por ciento aportado podría reducirse aún más.
Por supuesto que una transformación de este tipo no sería tarea de una sola persona. Algunos de los actores que podrían apoyarla serían: la Unidad de Coordinación del Programa y Modernización del Sector Público (Ucresep), el Consejo Nacional de Educación, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, expertos curriculares del MECD y el Inatec, el sector privado, los sindicatos y la comisión laboral del Conpes.
Mientras logramos un consenso saludable, la actual administración del Inatec continuará esforzándose bajo el marco legal actual, reduciendo las deudas heredadas, incrementando el número de capacitados, mejorando su eficiencia y compartiendo sus proyectos con optimismo y transparencia.
El autor es Director Ejecutivo del Inatec.
