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Centroamérica sitiada por pandillas
Según sociólogos e historiadores contemporáneos, en el siglo 19 la principal demanda de los ciudadanos al Estado era la seguridad personal; después, en el siglo 20, lo que más se exigía a los poderes públicos era protección a la propiedad privada; y ahora, en el comienzo del siglo 21, lo que se pide a la autoridad estatal es seguridad pública, considerada como una condición indispensable para mejorar la calidad de la vida.
O sea que en cierto modo hemos regresado a las condiciones del siglo 19, cuando la gente honrada y trabajadora clamaba a las autoridades para que la protegiera de los salteadores de caminos que asaltaban y asesinaban para robar.
Es cierto eso, y así lo comprueban horrendos actos criminales como el que ocurrió el fin de semana pasado en Honduras, donde pandilleros juveniles (“maras”) asaltaron una unidad de transporte colectivo y asesinaron de manera fría y despiadada a por lo menos 13 pasajeros desprevenidos, inermes e indefensos.
“Masacre en Honduras”, fue el principal título de portada en LA PRENSA del lunes de esta semana, al informar sobre ese espantoso asesinato colectivo cometido por los pandilleros de ese país y la posibilidad de que algunos de ellos pudieran venirse a Nicaragua, huyendo del Plan Mano Dura y de la nueva ley contra las pandillas que están ejecutando las autoridades hondureñas.
Ante esa posibilidad, y sobre todo por la exacerbación de la criminalidad pandillera en Honduras, El Salvador y Guatemala, se menciona la posibilidad de dictar una ley de aplicación regional contra los pandilleros, a fin de enfrentar esa terrible amenaza contra seguridad y la tranquilidad de las personas. Pero, como ha ocurrido a lo largo de los últimos años, las autoridades de Gobernación y Policía minimizan la amenaza de las pandillas, repiten el cuento de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y aseguran que aquí el problema no es grave, al grado de que a las pandillas se les llama eufemísticamente, “grupos juveniles”.
Precisamente en estos días, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la Policía Sandinista, ahora llamada Nacional, se ha informado que en Nicaragua “apenas” hay 269 pandillas o grupos juveniles, que gracias a un programa de persuasión en Managua disminuyó el número de pandillas de 218 a sólo 88, y que estamos lejos de los niveles de violencia pandillera que hay, por ejemplo, en Honduras, donde “se contabilizan sesenta muertos en homicidios mensuales cometidos por pandillas”.
Inclusive, la propuesta de dictar una ley contra pandillas y aprobar otra de aplicación regional, fue descalificada por un ministro porque según él los pandilleros se podrían enojar y poner violentos. Hay toda una doctrina sociológica para justificar esa actitud timorata hacia los pandilleros, que se basa en el criterio de que la delincuencia en general y el pandillerismo juvenil en particular son expresiones informales de protesta social, que las pandillas son producto de los problemas socio-económicos, y que por lo tanto, a los pandilleros no se les debe atacar con acciones legales y policiales sino con educación y persuasión, y que en todo caso para reducir la delincuencia hay que transformar antes a la sociedad.
En realidad, la seguridad pública es una necesidad tan imperiosa como el empleo, la educación y la salud. Pero si al mismo tiempo que se aplican programas sociales de persuasión y re-educación de los pandilleros no se ataca con energía al pandillerismo, ahora que todavía no son tan extremadamente criminales como en Honduras, más adelante será tarde pues los delincuentes juveniles actuarán inevitablemente como sus actuales compinches hondureños y salvadoreños.
No se necesita ser expertos en seguridad pública que saber que a fin de combatir exitosamente a la delincuencia en general y al pandillerismo en particular, el Estado debe aplicar una política integral basada en la prevención, el control y el castigo. O sea que a la par de programas sociales para crear alternativas de empleo, educación, deporte y recreación sana, también hay que aplicar la mano dura a los pandilleros y tratarlos como criminales que son en realidad.
Esa es la mínima lección que se debería sacar de las horrorosas experiencias del pandillerismo juvenil que tiene bajo estado de sitio a la población honrada de Honduras y otros países centroamericanos.
