Annabelle Sánchez Duarte
El primer lunes del mes de septiembre, mes de nuestra Patria, se celebra el Día de la Constitución Política de la República. Como bien sabemos, la Constitución representa la ley fundamental de la nación y, lógicamente, debería constituir el libro de cabecera para acudir a ella cuantas veces sea necesario y fundamentar nuestros razonamientos y argumentos sobre esta base.
La Ley 201, Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política (La Gaceta número 179 del 26 de septiembre de 1995), manda y faculta a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a promover el conocimiento y estudio de la Constitución Política. Es la educación la forma apropiada para garantizar que toda la población conozca sus derechos, libertades, deberes y garantías. Por lo tanto, todos los centros educativos públicos y privados, militares y policiales tienen plena responsabilidad de considerarse beligerantes en esta tarea que es de vital importancia y necesidad ya que la mayoría de nuestros conciudadanos desconocen el contenido de nuestra Constitución la cual es la madre de todas las leyes.
Conviene recordar, pues, que las leyes o tratados que se opongan o alteren la Constitución no tendrán ningún valor. Todos los poderes del Estado, los organismos de Gobierno y los funcionarios estatales sólo tienen la autoridad que les concede la Constitución. Los contenidos de la Constitución encarnan la lucha de nuestro pueblo por conquistar la libertad y los medios para defenderla frente al fenómeno del poder. Definitivamente el poder lo encontramos en todos los niveles de la vida nacional y es obvio que quien “cree” que detenta la más mínima porción de poder (por su trabajo, cargo, posición social o económica, edad, apellido…) y no lo pone al servicio de las personas que lo rodean, obviamente abusa del mismo y presenta aspectos que trascienden el elemento jurídico. Es con mucha razón que el filósofo, jurista y político alemán del siglo XIX, Ferdinand Lasalle, expresó: “Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho sino de poder”.
La Constitución Política regula todos los aspectos de la vida nacional: deberes, derechos y garantías de los nicaragüenses, normativas para la educación, la salud, la economía, la justicia, la familia, las relaciones con otros países. La Constitución establece los principios superiores del sistema de vida, acción y libertades de las personas. La Constitución contiene las directrices, principios y normas fundamentales de carácter político, social y económico. Todas sus normas son vinculantes, sirven para interpretar el orden jurídico y no pocas de ellas constituyen mandatos al legislador.
En una ocasión tuve la oportunidad de participar en una reunión de la Comisión de los Derechos Humanos en la Asamblea Nacional. Fue interesante y alentador constatar que existen diferentes funcionarios públicos que en sus instituciones están facilitando el conocimiento de la Constitución Política. Sin embargo, tomando en cuenta la fuerza y urgencia que emana de la Ley 201, la cual responsabiliza a distintas instituciones del Estado, instituciones de carácter privado y medios de comunicación en general de establecer acciones de enseñanza, divulgación y programas que promuevan el conocimiento de la Constitución Política, me parece que aún nos queda mucho por hacer.
Me remito a lo que decía al comienzo de este artículo: se celebró una vez más el Día de la Constitución, dentro del mes de la Patria. Pienso que a todos nos debe sacudir el que un gran porcentaje de la población —yo diría que la mayoría— desconoce el contenido de nuestra Carta Magna. ¿Por qué no organizar una campaña, a nivel nacional, para promover el estudio de la Constitución?
He allí un buen reto cívico para los legisladores nicaragüenses.
La autora es directora de promoción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
