- España no solicitará extradición de unos 40 ex militares
EFE
BUENOS AIRES.- El gobierno argentino aseguró el viernes que será ahora la justicia local la que resuelva las causas contra represores de la última dictadura militar tras la decisión de España de no reclamar su extradición a ese país.
En tanto, el juez de Buenos Aires Rodolfo Canicoba Corral dijo que espera una “comunicación oficial” sobre la resolución del gobierno de Madrid para liberar a los 40 argentinos que permanecen detenidos a petición del magistrado español Baltasar Garzón.
La novedad proveniente de Madrid fue recibida con preocupación por las organizaciones argentinas de derechos humanos, que consideran “incierto” que se pueda enjuiciar en el país a los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983.
El gobierno español decidió ayer no tramitar la extradición requerida por Garzón amparándose en el artículo 11 del acuerdo de extradición entre España y Argentina.
Ese artículo prevé como causa de denegación de extradición la de que los tribunales de la parte requerida, en este caso Argentina, sean competentes conforme a su propia ley para conocer del delito que motiva la solicitud.
El gobierno argentino es partidario de que los represores de la dictadura sean juzgados en el país y recientemente el Parlamento declaró la nulidad de dos leyes que libraron de responsabilidad a más de un millar de acusados de violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, sobre la validez de las normas de Punto Final y Obediencia Debida, que fueron aprobadas por el Legislativo durante la década de los años 80, aún debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de Argentina.
ENREDO JURÍDICO
Aunque la decisión final sobre los procesos contra represores de la última dictadura argentina quedó en manos de la Corte Suprema, expertos jurídicos dijeron ayer a EFE que sobre este asunto todavía queda un largo camino por recorrer.
Después de que el gobierno de España anunció que no pedirá la extradición de 40 argentinos acusados por delitos de lesa humanidad por la justicia española, en Argentina “se viene un complicado enredo judicial”, opinó el constitucionalista Ricardo Monner Sans.
A juicio de su colega Gregorio Badeni, el debate que se avecina incluye la posibilidad de que el tema de las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983 “pueda llegar a trascender las fronteras de Argentina nuevamente”.
El Legislativo declaró la nulidad de las normas de Punto Final y Obediencia Debida, que habían sido aprobadas por el mismo cuerpo en la década de los años 80 y libraron de responsabilidad a más de mil acusados por la represión ilegal.
Pero aún debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de esas leyes la Corte Suprema de Justicia y según los especialistas consultados por EFE será el máximo tribunal del país el que tendrá la “última palabra” sobre los procesos vinculados con la dictadura.
