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Transparencia debe ser total
Evidentemente no es muy popular la decisión del Gobierno de enviar un contingente militar a Irak para cumplir tareas humanitarias, médicas y de desminado, en las que según valoraciones internacionales Nicaragua tiene una magnífica calificación.
En realidad, aunque no se ha hecho ni es posible hacer un plebiscito para que la ciudadanía manifieste su voluntad sobre este asunto, a juzgar por lo que se informa y comenta en los medios de comunicación social el presidente Enrique Bolaños está solo en esta situación. Y la explicación es clara y comprensible.
Primero, porque la guerra y todo lo que se relaciona con ella no es popular en ninguna parte del mundo. Segundo, porque en los sectores democráticos nicaragüenses —que sin duda son mayoritarios— no hay una conciencia clara sobre la amenaza del terrorismo global contra Nicaragua; y por lo tanto tampoco hay comprensión de la necesidad de luchar contra el terrorismo al menos respaldando a Estados Unidos que carga la parte principal y más dura de este enfrentamiento planetario, en el que está en juego el destino de la civilización occidental.
Por otro lado, la izquierda nicaragüense —sandinista o no—, rechaza cualquier asociación de Nicaragua con la política de Estados Unidos, al que sigue calificando como “enemigo de la humanidad”, y tiene por múltiples razones una gran influencia política y en los medios de comunicación social.
Además, la gente que simpatiza con Estados Unidos y reconoce que sin su ayuda aún estaría gimiendo bajo la bota del totalitarismo, pareciera sentir temor de admitir abiertamente sus simpatías hacia la política estadounidense. El mismo presidente Bolaños no se ha atrevido a reconocer que el terrorismo internacional es una amenaza también contra Nicaragua, y que la lucha contra los terroristas es una parte estratégica de la defensa nacional, con lo cual justificaría la participación militar en Irak y la obtención de recursos para financiarla.
El presidente Bolaños debió sopesar esta situación antes de decidir el envío de los militares a Irak, que es correcta en términos generales pero hay que sustentarla de manera incuestionable en la legalidad nicaragüense. La verdad es que aunque en el decreto legislativo que autoriza el envío del contingente militar se dice que es en cumplimiento de la Resolución 14-83 de la ONU, “que llama a los estados miembros a ayudar a reconstruir Irak (…) así como a satisfacer necesidades humanitarias…”, de lo que se trata en realidad es de ayudar a Estados Unidos a internacionalizar la intervención (ya hay más de 30 países involucrados y se espera que la cifra llegue próximamente a 45) a fin de darle legitimidad de acción multilateral, y hay que decirlo.
Lo que pasa es que por intereses políticos y conveniencias diplomáticas no se informa a la población con la franqueza y transparencia que debe hacerse en la democracia, a diferencia de los regímenes dictatoriales (como el somocista) y los totalitarios (como el sandinista), que estaban llenos de “secretos de Estado” e informaciones “compartimentadas”.
Y así, la decisión en principio justa de enviar el contingente militar a Irak, se convierte en errónea al no tener el país la posibilidad de financiarla con sus propios medios y ocultarse el origen y monto de los recursos externos obtenidos para su financiamiento.
Está claro que la presión de los contralores sobre el presidente Bolaños se debe a tácticas políticas partidistas, no porque les interese la transparencia. Igualmente los diputados que cuestionan apasionadamente el envío del contingente militar a Irak no lo hacen porque tengan sentimientos nacionalistas ni porque les preocupe la suerte de los soldados nicaragüenses en Irak, sino por fobia a EE.UU.
Pero independientemente de las motivaciones políticas de contralores y diputados, la verdad es que el presidente Bolaños debió haber actuado con transparencia en este caso, como debe hacerlo en todas las decisiones gubernamentales.
Es comprensible que el o los donantes de los recursos para financiar el envío de los militares nicaragüenses a Irak pidieran confidencialidad, pues seguramente no quieren exponerse a represalias de los terroristas. Sin embargo, por encima de todo está la obligación del Presidente de la República de cumplir las leyes del país y de actuar con transparencia, no sólo en lo que a él le conviene sino que absolutamente en todo.
