José Luis Medal [email protected]
El gobierno está anunciando un plan nacional de desarrollo para los próximos 25 años. ¿Se trata realmente de una nueva estrategia económica o es simplemente un documento más de la larga lista de los publicados en años anteriores? ¿Tiene acaso el Gobierno la capacidad de formular e implementar planes de largo plazo? ¿Es función del Gobierno promover la competitividad de los clusters o conglomerados empresariales, o ello depende más que nada de la actividad de los propios empresarios? ¿Es acaso mejor que el Gobierno se concentre en las tareas urgentes de corto y mediano plazo que le competen, y no en planes de muy largo plazo?
Nicaragua ha sido prolífica en la publicación de documentos sobre estrategias económicas. El desaparecido Ministerio de Planificación, publicaba programas anuales. Más recientemente, en el gobierno de doña Violeta, se publicó en 1995 la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, y en el período 1997-2001 se publicó, entre otros, la denominada Estrategia reforzada de crecimiento económico y combate a la pobreza. Muchos de estos documentos han tenido como principal motivación satisfacer requerimientos de la comunidad cooperante.
Cabe aclarar que es conveniente que un país publique planes —en realidad estrategias— de desarrollo, aunque planificar no siempre es algo positivo, dependiendo de lo que se pretenda y se busque con la planificación. Los planes o programas económicos de los años ochenta buscaron al inicio sentar las bases para una economía socialista centralmente planificada, lo que no era ni viable ni deseable. Mientras más se quiso planificar, más se derrumbaba la economía. Por su parte, las estrategias de desarrollo del período 1990-2003 —enmarcadas hasta cierto grado en lo que algunos llamarían planeación indicativa—, tampoco han tenido resultados muy positivos, en parte como efecto de factores políticos e institucionales.
Cabe también señalar que la capacidad misma del Estado de planificar —incluso de manera indicativa—es más limitada de lo que se cree, limitación que es mayor cuando se trata de planes de muy largo plazo. Más aún, para muchas actividades que competen al sector privado, en muchas ocasiones ni siquiera es conveniente que el Gobierno planifique nada. Se supone que es el mercado y no el Estado el principal asignador de recursos. Tampoco deben crearse expectativas falsas de que el nuevo documento que ha anunciado el gobierno, modificará sustancialmente la estrategia de desarrollo, ni creer que es posible planificar para 25 años, aunque pueden discutirse lineamientos de carácter general.
En realidad, los aspectos esenciales de la estrategia de desarrollo iniciada en 1990, basada en las fuerzas del mercado, no se modificarán en el futuro. Aunque se han criticado y se continuarán criticando las políticas del llamado Consenso de Washington, lo único posible para el futuro previsible es introducir algunas modificaciones al también llamado modelo neo-liberal, pero sin pretender, naturalmente, retroceder al estatismo de los años ochenta, ni a sistemas obsoletos de planificación centralizada e inclusive de planificación indicativa. En este sentido el nuevo Plan Nacional de Desarrollo no viene en realidad a modificar la estrategia iniciada en 1990.
Aunque el Plan Nacional de Desarrollo es un documento amplio que abarca muchos aspectos —a los que por brevedad no podemos referirnos—, basta señalar que la idea de Porter sobre conglomerados empresariales o clusters, en realidad no es más que una modificación de los viejos conceptos de las cadenas productivas o de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante que pregonó Hirschman, desde los años cincuenta. Y cabe agregar que para Porter la competitividad de los clusters no depende de la intervención o planeación estatal, sino de los empresarios y de las condiciones del mercado. En el aspecto positivo, tal vez lo más loable del Plan es la intención de tratar de articular de manera adecuada el antiguo Plan de Ordenamiento Territorial —que nunca se ha implementado—, con el Programa de Inversión Pública, objetivo que aunque deseable, excede en mucho a la capacidad institucional actual del Estado, por lo que los avances en este aspecto serán muy lentos y graduales.
El Gobierno debe concentrarse en las tarea urgentes de corto y mediano plazo, como la formulación de un presupuesto público tri-anual, un programa de inversión pública quinquenal, una política salarial racional dentro del Estado y la realización de una reforma institucional. Y no es que formular una visión para los próximos 25 años no tenga ninguna relevancia, pero después de todo, como decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos.
El autor es economista.
