- Uno de los afectados no contaba con seguro y otro ya sufría de sordera cuando fue incorporado, aducen
Luis Felipe [email protected]
El Ejército de Nicaragua rechazó que sea política de la institución militar mandar prácticamente a la calle a los soldados que sufren lesiones en el ejercicio de sus funciones y quedan incapacitados para continuar en la vida militar.
El teniente coronel Sergio Ugarte, jefe del Cuerpo de Ingenieros, y el mayor Henry Báez, jefe de personal y cuadros del Cuerpo de Ingenieros, dieron su versión de lo que ha pasado con dos de los ex militares que hicieron su denuncia pública, a excepción del teniente Marcos Antonio García Bucardo, quien “no aparece en los registros”.
Según funcionarios del Ejército, la queja del soldado Elvin Aníbal Hernández Maltez “está fuera de tiempo”, porque desde antes que ingresara al Cuerpo de Ingenieros presentaba sordera parcial en su oído izquierdo, es decir posterior a la detonación de minas.
Observan, además, que Hernández Maltez no era explosivista, sino que un sondeador, y que por tanto no tenía contacto directo con las explosiones de minas antipersonales.
“Hay un procedimiento al momento de un accidente de minas. Se reporta a Iniser, que hace su valoración médica y el reclamo de Maltez está fuera de tiempo”, aseveran.
EXAMEN «SUPERFICIAL»
Al preguntársele que cómo una persona con problema auditivo podía ser miembro del equipo de zapadores del Ejército, tomando en cuenta que deben pasar un examen médico antes, tanto Ugarte como Báez aseguraron que la institución militar hace un examen médico “superficial”, que no determina si alguien “padece del oído”.
“Se le hace un examen médico general físico más que todo, pero difícilmente voy a detectar que ese hombre tiene un problema hepático, cardíaco, etc.”, añade Báez.
Ambos funcionarios señalan que el Ejército no puede indemnizar al ex sondeador, porque el epicrisis médico no permite incorporarlo dentro del Programa Nacional de Desminado que coordina la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, cuentan que la institución propuso a Hernández Maltez reubicarlo en un cargo de seguridad, con un menor salario, para no darle de baja: “Se le nombró en otro Frente y se le pagó los primeros cinco meses de este año, sin trabajar. El reglamento es claro: quince días de ausencia, hay baja por deserción y se la aplicamos”, señalan.
Aseguran también tener un documento firmado por Hernández Maltez –que no mostraron–, en donde supuestamente el ex sondeador entregó una carta en la que solicitaba su baja.
NO TENIAN SEGURO
En el caso del ex zapador Francisco Mayorga, ambos funcionarios del Ejército, indican que no fue indemnizado por la institución militar, porque en la fecha de su accidente no estaban funcionando el Programa Nacional de Desminado de la OEA.
“El programa del seguro lo comenzamos a tener desde 1996 hasta el 2004, antes del accidente de Mayorga. Es decir que no todos los zapadores tenían cobertura del seguro”, admite Ugarte.
El Jefe del Cuerpo de Ingenieros dice, sin embargo, que Mayorga fue indemnizado por la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), porque al no haber seguro de parte del Ejército, firmaban un acta de cooperación con la empresa que solicitaba el desminado, que se comprometía a entregar una compensación en caso de accidente.
Asimismo, Ugarte dijo que a Mayorga se le entregó una prótesis y que si no le han dado mayor atención médica es porque no se volvió a presentar a la institución: “Entendimos que Mayorga no tenía necesidad, porque no se nos acercó”, añadió.
El caso de Marcos Antonio Guzmán Bucardo no lo quisieron comentar, porque aducen que no aparece en los registros del Ejército, a pesar que el Estado Mayor le entregó recientemente un cheque de 13,156 córdobas.
¿Y LA ASISTENCIA MEDICA?
El teniente coronel Sergio Ugarte aseguró que el Ejército de Nicaragua no ha rechazado en ningún momento la atención médica a los ex soldados que han quedado discapacitados en cumplimiento de su deber, sin embargo dijo que todo militar que recibe su baja no tiene derecho a asistencia médica.
Explicó que los ex zapadores que requieran atención médica tienen que abocarse al Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, en donde se le extenderá una constancia para que reciban asistencia en el Hospital Militar.
