María José Uriarte R. [email protected]
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Comisión parlamentaria pedirá investigar al INSS
María José Uriarte R.
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El presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo que pedirá hoy que se solicite al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un informe del estado financiero de la institución, y a la Contraloría General de la República (CGR) que practique un proceso de revisión, para determinar los malos manejos que se hicieron allí.
“Estoy seguro que estos malos manejos son los encargados de la quiebra actuarial del INSS; cuál fue la lógica del mismo Martín Aguado para levantar la bandera de meter el nuevo sistema de pensiones, que había una quiebra actuarial del INSS, que si bien en los procesos contables el INSS estaba bien, en el sentido de que recogía plata para mantenerse, pero que actuarialmente el INSS no iba a vivir más de 10 años”.
Para el diputado sandinista, esta inversión que realizó en su momento Martín Aguado como presidente de la institución, es sólo la punta del iceberg, ya que no duda que el ex presidente del INSS, por la discrecionalidad con que manejaba los fondos de los asegurados, haya efectuado otros negocios de forma anómala.
“Con la facilidad con que Martín Aguado sacaba plata, por ejemplo, con la facilidad con que sacó 34 millones y se los prestó a la Superintendencia de Pensiones, con la facilidad que hizo este negocio, yo debo creer que este negocio no es único, y pediría un informe y una auditoría”, refirió Porras.
IMPACTO NEGATIVO LO SIENTEN AFILIADOS
Dijo que como Comisión de Salud y Seguridad Social, ellos deben retomar el tema de las irregularidades cometidas durante la administración de Aguado, porque reciben de manera directa el impacto negativo que se da sobre las personas afiliadas al INSS, reflejado en los bajos montos que reciben los pensionados y por ende las cuotas mínimas, que se emplean en las Empresas Médicas Previsionales, sumado todo a los problemas de iliquidez.
Porras cree que los únicos que se beneficiaron con esta transacción fue la sociedad Rosario Mining, dueña de las cinco concesiones mineras, y a las que se les pagó en un proceso amañado, es decir, porque no se tomó en cuenta los perjuicios que ellos pudieron causar al país durante la explotación de las minas, asimismo las personas que recibieron las coimas al momento de hacer la “inversión”.
