- Derogan leyes que les protegían de juicios
EFE
BUENOS AIRES.- La “nulidad absoluta” de las leyes de impunidad que decidió la Cámara de Diputados de Argentina, despeja el camino para que sean juzgados en el país los responsables de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar.
La abolición de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, declaradas “insanablemente nulas”, se decidió después de una intensa sesión parlamentaria de casi ocho horas que concluyó al filo de pasada la medianoche del martes.
La medida deberá ser ahora ratificada por el Senado, en cuyo caso los implicados en los delitos de represión política durante la dictadura militar (1976-1983) podrían ser juzgados ante los tribunales argentinos y se paralizarían las extradiciones a otros países, entre ellos España.
La “histórica decisión”, como afirmó el jefe del bloque de diputados del gobernante partido peronista, José María Díaz Bancalari, se ajusta a los deseos del presidente del país, Néstor Kirchner, de juzgar en Argentina a los represores de la última dictadura militar.
La decisión de los diputados y la ratificación del gobierno de la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad constituyen una nueva vuelta de tuerca en la presión política sobre la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre la validez de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
El constitucionalista Daniel Sabsay opinó que ahora “toda la responsabilidad recae sobre la Corte Suprema”.
“Esta decisión es política y es legítima porque coincide con los reclamos de la mayoría del pueblo argentino”, dijo la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida.
La Ley de Punto Final fue aprobada a finales de 1986 y decretaba “el final de la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos relacionados con la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983”.
Seis meses después, en junio de 1987, se firmó la Ley de Obediencia Debida, que absolvía a los militares de baja y media graduación en base a la presunción de que “actuaron bajo el principio de subordinación a sus superiores”.
VER TAMBIÉN:
