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La resolución de la CCJ
En el artículo 6 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) se asegura que ella “representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera, además, depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana”.
Se trata de hermosos conceptos que deben ser demostrados con hechos, como por ejemplo la resolución que dictó la CCJ el martes de esta semana, en el sentido de que el ex presidente Arnoldo Alemán no tiene una inmunidad excepcional por ser diputado al Parlamento Centroamericano. Y por lo tanto Alemán no debe ser excarcelado ni puede escaparse del juicio por los graves cargos de corrupción que se le imputan (lavado de dinero, peculado y malversación de fondos públicos), por los que oportunamente fue fulminado con auto de prisión.
Pero con ese fallo la CCJ se evitó también la crítica situación a la que ella misma se hubiera precipitado si su resolución hubiese sido en sentido contrario. En realidad, si la CCJ hubiese resuelto que Alemán está protegido por la inmunidad de diputado centroamericano y que en consecuencia es intocable por la justicia nicaragüense —pero no porque sea inocente sino por la impunidad que se deriva habitualmente de la inmunidad política—, la juez Juana Méndez hubiera tenido que desconocer el fallo, pues aunque los abogados del ex presidente Alemán y algunos letrados resentidos con el presidente Enrique Bolaños alegan que las resoluciones de la CCJ son de obligatorio cumplimiento por las autoridades nicaragüenses, otros juristas experimentados y autorizados por su profesionalismo e independencia política, han demostrado que las resoluciones de la Corte Centroamericana no son vinculantes en procedimientos judiciales como el que se le está siguiendo a Alemán. Y por lo tanto la juez Méndez tenía que desconocer la autoridad de la CCJ y colocarla en un delicado predicamento.
Sin embargo, la CCJ falló correctamente y ahora estamos ante un hecho de significación histórica, porque es la primera vez en los 182 años de vida política independiente de Nicaragua que un ex Presidente o ex jefe de Estado es encarcelado de verdad por cometer delitos de corrupción en contra del Estado, o sea contra el pueblo al que Alemán juró defender al tomar posesión de la Presidencia de la República el 10 de enero de 1997.
Ahora bien, a pesar de que uno de los fines de la justicia es el escarmiento, para que otras personas no se animen a cometer el mismo delito por temor a que se les castigue, el hecho de que se juzgue y condene al ex presidente Arnoldo Alemán por los delitos de corrupción no significa que no habrá en lo sucesivo otros gobernantes corruptos. Para que no los haya sería necesario que todos los dirigentes superiores e intermedios de los partidos políticos renunciaran a la política o fuesen destituidos y reemplazados por gente nueva, apertrechada con principios y valores que los motiven a gobernar por vocación de servicio, y a considerar como sagrados los bienes y recursos económicos que la población les confía. Es decir, que además de castigar conforme a la ley a los corruptos, también habría que promover una revolución de la honradez basada en la re-educación ética de la sociedad, y ante todo de la clase política, lo cual es imposible mientras casi todas las instituciones del Estado estén sometidas a los intereses partidistas.
En realidad, la lucha contra la corrupción carece de consistencia y eficacia si las instituciones del Estado, incluyendo las de control, fiscalización y justicia, están vinculadas —y peor aún, subordinadas— a intereses partidistas, y sujetas a las coyunturas políticas circunstanciales. La verdadera justicia no puede ser un valor de uso político. El imperio de la ley no debe subordinarse a las conveniencias estratégicas o tácticas de las dirigencias partidarias. La politización de los asuntos judiciales deforma las instituciones y causa un gravísimo daño a la democracia y al Estado de Derecho.
Pero de alguna manera hay que comenzar a castigar a los corruptos, y ojalá que el juicio y encarcelamiento del ex presidente Arnoldo Alemán pudiera servir como un punto de partida en la búsqueda y persecución del ideal de integridad y transparencia en el ejercicio de los poderes públicos.
