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En otro intento por desconocer la deuda del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), con la empresa Agroindustrial Azucarera Sociedad Anónima (Agroinsa), la Procuraduría General de la República (PGR) entabló ayer un juicio en contra de la venta de los activos del desaparecido Ingenio Victoria de Julio, a Agroinsa y a Noveau Latin America Limited.
El juicio impulsado por la Procuradora Nacional Civil, María Mercedes Aguilar, respaldada por el asesor legal de la Secretaría de la Presidencia, Macario Estrada, quedó radicado en el Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua, ante el que ambos representantes del Estado pidieron la nulidad perpetua de la venta del Ingenio Victoria de Julio a Agroinsa.
El argumento de la PGR para pedir la nulidad de la transacción es que en 1998 el entonces Procurador General de Justicia, Julio Centeno Gómez, no estaba facultado por la Ley Orgánica de la Procuraduría para realizar dicha transacción en representación del Estado de Nicaragua.
CENTENO RIPOSTA
Por su parte, el hoy Fiscal General de la República, Julio Centeno defendió su actuación recordando que como Procurador General de Justicia entabló y ganó un juicio en contra de la privatización del Victoria de Julio irónicamente en el mismo Juzgado Cuarto Civil de Distrito. En aquel entonces el gobierno del presidente Arnoldo Alemán cuestionó el proceso de privatización del ingenio iniciado por el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro en 1993.
Centeno dijo que si bien la Ley Orgánica no le facultaba realizar ninguna transacción, la misma ley no establece una prohibición al respecto y que pidió una autorización al Poder Ejecutivo para actuar en representación del Estado en la venta del Victoria de Julio.
Una vez ganado el juicio a favor del Estado, Centeno recordó que el entonces Presidente de la República, Arnoldo Alemán, mediante el Acuerdo Presidencial 487 del 22 de diciembre de 1998, le facultó “transar” la venta del ingenio azucarero y que, mediante esa transacción, logró que los adquirientes del Victoria de Julio se comprometieran a pagar cuatro millones de dólares más del precio establecido por el gobierno de Barrios de Chamorro, hasta llegar a 27 millones.
