Carlos ArrazolaACAN-EFE
GUATEMALA.- Cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala que aprobaron la candidatura del general José Efraín Ríos Montt, a pesar de la prohibición constitucional, fueron acusados de violar la Carta Magna.
Los magistrados de la CC Rodolfo Rohrmoser y Francisco Flores, que votaron en contra de Ríos Montt, encabezan a las personas que censuran la actuación de los cuatro que aprobaron que el general retirado de 77 años participe en las elecciones del próximo 9 de noviembre, pese a haber sido un golpista.
“Estamos lastimados porque esa decisión es una abierta violación a la Constitución”, dijo Flores a los periodistas, mientras que Rohrmoser agregó que “el magistrado Flores y yo votamos en contra porque estamos llamados a respetar la Constitución”.
Los magistrados que fallaron a favor de Ríos Montt han sido acusados públicamente de tener vínculos con el FRG.
El fallo de ayer es el segundo emitido por esos magistrados a favor de la inscripción del polémico militar. El primer fallo fue el pasado 14 de julio, cuando ordenaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribir a Ríos Montt, a pesar de que esa institución y la CSJ habían vetado su participación.
El primer fallo de la CC quedó en suspenso el pasado 20 de julio, cuando la CSJ amparó provisionalmente al partido opositor UNE, que argumentó que violaba la Constitución y, por tanto, no podía ser acatado por el TSE.
Para evitar acciones similares contra la inscripción de Ríos Montt, en el fallo del miércoles la CC también ordenó a la CSJ no tramitar ningún otro recurso que pueda poner en peligro la participación del militar en los comicios.
Esa disposición viola doblemente la Constitución, subrayó Flores, porque “atropella el principio constitucional de acceder a la justicia” pues impide a las personas que se sientan afectadas con el fallo, solicitar justicia.
Concha Mazariegos, abogada de la UNE, también acusó a los magistrados de haber violado la Carta Magna para favorecer a Ríos Montt.
Además, Mazariegos se unió a los llamamientos de diversos sectores políticos y sociales a los magistrados de la CSJ para que rechacen la resolución de la Corte de Constitucionalidad por ser ilegal.
“La CSJ no debe acatar esa resolución porque viola la Constitución; los magistrados no están obligados a ello porque el artículo 156 de la misma Carta Magna prohíbe a los funcionarios públicos acatar ordenes ilegales”, señaló Mazariegos.
