Sergio J. Cuarezma Terá[email protected]
El Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá (2003), presentado recientemente, plantea, entre otros temas, el desafío de la democratización de la justicia y se refiere a los complejos retos de estos sistemas en la región. Es un tema de cuatro aspectos: independencia y organización del Poder Judicial, acceso a la justicia y eficacia de los poderes judiciales para proteger los derechos de la ciudadanía.
El informe entiende por independencia de los poderes judiciales en su tarea de aplicar y ejecutar la ley, “la ausencia de presiones o influencias externas que, a la hora de juzgar, introduzcan elementos adicionales a los méritos del caso”. Sin embargo, el informe concluye que “en la práctica, la independencia judicial no está garantizada en todos los países de la región”. En el caso de Nicaragua, el Informe denuncia que fue “público el arreglo entre los dos partidos mayoritarios para repartirse la Corte Suprema; nueve de los once magistrados que integraban ese órgano en el 2002 procedían de cargos políticos del FSLN o el PLC”.
Respecto a la organización de los poderes judiciales en Centroamérica es similar en términos generales, la CSJ es el organismo cúspide de la funciones de aplicar la ley, administrativa y de gobierno del Poder Judicial. Es decir, mezcla de funciones jurisdiccionales y administrativas. Esta extraña mixtura pone en riesgo el cometido de dispensar a las personas una justicia pronta, cumplida e igual para todos, ya que los altos funcionarios del Poder Judicial no sólo están abocados a impartir justicia, sino también a las labores administrativas domésticas del propio órgano judicial.
Para el Informe regional el acceso a la justicia presenta la contradicción de un “avance que aún no logra paliar rezagos”. En Centroamérica existe un cúmulo de reformas institucionales y jurídicas con la finalidad de garantizar el acceso a la persona a las instituciones de justicia, no obstante, la cobertura territorial de los servicios judiciales es escasa, problema que se agudiza si tomamos en consideración la existencia de “barreras económicas para interponer una causa”, la justicia es onerosa. El acceso a la justicia también implica que la persona sometida a proceso tenga garantizado la “defensa técnica”, un defensor público, sobre todo las de escasos recursos económicos, derecho que no está garantizado. Para el caso de Nicaragua, el problema de no garantizar este servicio público, se expresa en el hecho que al no haber abogados, este papel recaerá en los “estudiantes o entendidos en derecho” para representar a las personas procesadas por delitos y faltas penales. Una asignatura pendiente, en este tema del acceso a la justicia, es la apertura de los sistemas de administración de justicia a la multiculturalidad en los países centroamericanos, de tal forma que “no existan barreras para el acceso a la justicia por cuestiones étnicas”.
En relación a la eficacia de los poderes judiciales para proteger los derechos de la ciudadanía, el informe señala que ésta se mide a partir del “concepto de justicia pronta y cumplida”. El Informe indica que “en materia de justicia pronta y cumplida, las deficiencias parece ser todavía más profundas que en el acceso a la justicia y los logros más modestos”. Desalentadora conclusión.
El autor es catedrático de Derecho Penal y Criminología.
