Gabriel Sánchez Campbell [email protected]
Sólo faltan tres meses para que el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific) presente el anteproyecto de Ley de Competencia, cuya entrada en vigencia pondrá a prueba la rentabilidad y astucia de las empresas en el mercado, sin que éstas hagan usos de artimañas que afecten a otras compañías.
Sin embargo, existen muchas dudas en las interioridades de la Ley de Competencia. ¿Qué es?, ¿por qué se hace?, ¿a quién favorecerá?, ¿cómo se aplicará?, ¿quién la ejecutará?, ¿de dónde saldrán los fondos? y un sinnúmero de preguntas adicionales que han surgido desde que se empezó a hablar de ella.
Según Julio César Bendaña, director de Transparencia de los Mercados del Mific, la importancia de tener una legislación de este tipo es que en primer lugar beneficiará a los consumidores porque provocará que las empresas que actualmente operan en regímenes monopólicos tengan que empezar a competir. “Y como hará que las empresas apliquen limpiamente sus estrategias de mercadeo, habrá una mayor oportunidad para desarrollar inversiones”.
Bendaña explicó que en base a los estudios hechos, se pretende eliminar las prácticas monopólicas de los sectores nacionales y en el caso de los monopolios naturales como la telefonía, el agua y la luz se deberán fortalecer los entes reguladores.
¿Pero cómo hacer para que se aplique una legislación de este tipo sin que hayan intereses económicos que favorezcan a un solo sector? Según Bendaña esto se hará instaurando una institución reguladora, que norme y trabaje con independencia en estos asuntos.
“Primeramente se debe crear una agencia de gente capacitada para que pueda regular todas las anomalías que se puedan presentar en los mercados. En lo que hay que trabajar es en conseguir la independencia política y económica. Deberá estar dotada con la capacidad de poder emitir multas y sanciones fuertes, previamente establecidas y definidas explícitamente en la Ley”, explicó.
Esto para que cuando haya necesidad de cambiar de funcionarios, los cuales no deben estar a la expensa de las coyunturas políticas, tampoco estén a merced de las presiones económicas que pueden ejercer algunos grupos poderosos.
Expresó que también debe tener un equipo de expertos que vele por el buen desarrollo y competencia de las marcas o empresas en el mercado. “Para ello se deberá trabajar con fuertes sanciones, que igualen o dupliquen los daños que puedan causar al afectado”, comentó.
QUÉ TIENE LA LEY
La Ley de Competencia contendrá cuatro capítulos fundamentales en su estructura, uno que hable de la abogacía de la competencia, la prohibición de conductas anticompetitivas, la prohibición del abuso en las posiciones de dominio y las negativas del suministro.
¿Pero qué significa cada una de estas cosas?
La abogacía de la competencia no es más que una protección que tendrán las empresas para que el Estado pueda defender por su propia estructura y que no sean las mismas instituciones de Gobierno las que obstaculicen el desarrollo de una industria.
Para ello se deberán eliminar una serie de trámites burocráticos, para así hacer más sencillas las aperturas. Además se eliminarán las regulaciones excesivas que impidan la entrada de nuevas empresas al mercado. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Transporte, la cual ha sido catalogada como anticompetitiva, ésta deberá prestar las condiciones necesarias para que aquellos empresarios que deseen prestar servicios lo hagan y no que se protejan los actuales grupos económicos que controlan este sector.
En cuanto a la prohibición de las conductas antimonopólicas se velará para que no exista la asociación o creación de los llamados carteles. Esto significa que aquellas empresas de un mismo sector que estén aliadas, haciendo creer que están compitiendo cuando en el fondo no es así, y que a la hora de fijar sus márgenes de precios a su conveniencia, estarán incurriendo en delitos.