- Juez ordenó arresto de 46 individuos acusados de genocidio, tortura y
terrorismo de Estado. Uno de
ellos intentó suicidarse - El juez español Baltasar Garzón, que ordenó el arresto de Pinochet, quiere juzgarlos en España
EFE, AP
BUENOS AIRES.- El gobierno de Argentina abrió ayer la puerta para que la justicia del país pueda decidir sin intromisiones sobre la extradición a España de personas reclamadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Poco después de regresar de Estados Unidos, el presidente Néstor Kirchner derogó un decreto suscrito en el año 2001 que obligaba a rechazar inmediatamente cualquier pedido de extradición de argentinos responsables de la represión durante los “años de plomo”.
“Queremos que la justicia desarrolle su actividad con independencia, que ocurra lo que en cualquier país civilizado”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Béliz, encargado junto al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, de anunciar una decisión que era esperada desde hace días.
El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral dijo el viernes que la derogación de un decreto que protegía a ex militares allana el camino para la extradición de los 46 ex represores reclamados por España.
“Este decreto establecía un rechazo automático a todo pedido de extradición por crímenes cometidos en el país. Su derogación va a permitir llevar adelante la extradición”, dijo el magistrado a la AP.
La anulación del decreto presidencial suscrito en su día por Fernando de la Rúa permite la posible extradición de los 45 militares y un civil.
Un juez argentino, Rodolfo Canicoba Corral, ordenó el jueves la captura de las personas incluidas en la lista enviada por Garzón y a lo largo del día de ayer varios de los reclamados se pusieron a disposición del magistrado y fueron detenidos.
UNO INTENTÓ MATARSE
Otro, un ex integrante de la Prefectura Naval, Juan Carlos Azic, se disparó un tiro anoche y está internado en un hospital con la cara destrozada y pronóstico “reservado”.
Las órdenes de captura sorprendieron a los principales responsables de la llamada “guerra sucia” contra la subversión desatada por las Juntas Militares (1976-1983), como Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, ya bajo arresto.
Videla, Massera y otros ex dirigentes de la dictadura están procesados por un delito que no estaba incluido en las leyes de perdón dictadas en la década de los años 80 en aras de la reconciliación nacional: el robo de niños, hijos de desaparecidos.
El ministro Béliz calificó de “inconveniente” el decreto derogado por Kirchner, porque, según dijo, iba contra la propia ley de extradición argentina y tratados internacionales y bilaterales.
La decisión de anularlo se tomó también para garantizar la igualdad ante la ley, pues daba “un tratamiento especial a algunos ciudadanos”, y para garantizar la división de poderes, dijo Béliz.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, había reconocido poco antes que las órdenes de captura libradas por el juez Canicoba Corral podían acelerar los tiempos para una derogación del decreto.
ALGUNOS YA ESTÁN DETENIDOS
30,000 personas , se cree, “desaparecieron” por la brutal represión durante la dictadura argentina de los años 70 y 80.
15 de esos 46 ex represores solicitados por Garzón –entre los que se cuentan los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, y el ex capitán de navío Alfredo Astiz– ya se encuentran bajo arresto.
“Todos permanecerán en dependencias militares a disposición del Juzgado y después iré resolviendo el arresto domiciliario si cada caso lo amerita y se cumplen los requisitos que exige la ley (ser mayor de 70 años o tener problemas de salud. Pero ya he negado todos los pedidos de excarcelación”, dijo el juez Canicoba Corral.
Los imputados serán detenidos en unidades militares, con excepción de aquellos que actualmente cumplen arresto domiciliario –como Videla y Massera–, que continuarán con ese régimen.
Varios de los ex militares requeridos por Garzón están bajo arresto domiciliario por el robo de bebés nacidos en centros clandestinos de detención, mientras otros se beneficiaron con dos leyes exculpatorias sancionadas en los ochenta y con el indulto del presidente Carlos Menem en 1990.
