José Adán Silva [email protected]
Hubo balazos y heridos por varios días. Durante una semana, las banderas de los partidos fueron arrancadas y quemadas en las calles, las casas sedes de las agrupaciones políticas fueron atacadas a pedradas y garrotazos. Más de 50 personas cayeron presas y al final pocos llegaron a votar.
El episodio ocurrió en octubre del 2000, durante el período de las elecciones municipales, cuando los pobladores de Puerto Cabezas, simpatizantes del partido local Yátama, salieron a las calles a protestar, porque el Consejo Supremo Electoral no les autorizó la participación en el proceso electoral.
Por esa acción, los representantes de ese partido indígena ahora impulsan una demanda contra el Estado nicaragüense, para resarcir daños morales y económicos ocurridos por esa acción.
En conferencia de prensa efectuada ayer en la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el representante de Yátama, Brooklin Rivera, anunció junto a Oswaldo Ruiz, un abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Costa Rica, que el partido indígena que en el 2000 fue impedido de participar en las elecciones está impulsando una demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA).
Según la denuncia de Rivera, existe comprobada violación a los derechos humanos de casi un centenar de candidatos y candidatas de esa agrupación política, a quienes según él, no los dejaron participar para beneficiar a los dos principales partidos políticos de la contienda, Partido Liberal Constitucionalista y Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Los demandantes, con ayuda del Cenidh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, esperan recibir una retribución económica (hasta ahora no cuantificada) y garantías legales para las próximas elecciones municipales, previstas a realizarse en noviembre del 2004.
