OEA: “Incumplimientos a desmovilizados amenazan con nuevos conflictos rurales”

Aunque la inseguridad jurídica respecto al tema de la propiedad afecta a todo el país, es en el sector rural donde más se ha manifestado violentamente: desde 1990, año de la desmovilización de 22,500 guerrilleros contrarrevolucionarios, hasta la fecha, más de tres mil personas que reclamaban tierras han muerto en incidentes relacionados con la demanda a los acuerdos de desmovilización.

Este dato, suministrado por Freddy Gadea Rivera, presidente de la Fundación Democrática de Líderes de la ex Resistencia Nicaragüense, no es una cifra extraña para el representante de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua, Sergio Caramagna, quien desde el final de la guerra, hace trece años, ha visto cómo miles de campesinos ex combatientes han clamado sin éxito por el cumplimiento de los acuerdos de desmovilización, cuando a cambio de que depusieran las armas les ofrecieron tierras y asistencia para que se dedicaran a producir.

Para Caramagna, existen muchos elementos que explican la difícil situación por la que han atravesado los desmovilizados de la ex Contra. El primero de ellos se dio en el mismo origen del final de la guerra: en los acuerdos de paz.

“Los acuerdos de desmovilización se dieron en un contexto signado por la urgencia de la comunidad internacional, en sacar de la agenda el conflicto nicaragüense, y esa urgencia, de alguna manera influyó para que a los acuerdos de desmovilización les faltara mayor precisión, una calendarización determinada, puntualizaciones de los requerimientos que necesitaba la población armada para reinsertarse a la vida civil, y mecanismos de seguimiento por parte de las instituciones del Estado”, señala el funcionario de la OEA.

“Si uno los lee hoy, esos acuerdos parecen no muy sustanciales, parece que tienen muchos vacíos, y esos vacíos provocaron situaciones en la posguerra, que costaron mucho a los nicaragüenses, costaron en vidas humanas, costaron en daños materiales, en esfuerzos institucionales por encausar el proceso de pacificación”.

Según el funcionario de la OEA, los acuerdos se hicieron muy rápido, porque así lo exigían las circunstancias. “Son acuerdos generales, de buenas intenciones, donde las partes firman conductas a seguir, pero hubo enormes vacíos en términos de los requerimientos concretos que podría necesitar una población desmovilizada y una población repatriada para su efectiva reinserción”.

“En función de que la mayor parte de los desmovilizados eran hombres y mujeres del campo que participaron más en la guerra por el miedo a perder sus tierras, más que por asuntos ideológicos, estamos hablando que la tierra adquiere una enorme significación para su regreso a la vida civil, para su vuelta a la producción”, dice Caramagna.

BOMBA DE TIEMPO

“Los conflictos de la tierra están, estuvieron, siempre han estado desde antes de la guerra, y asoman como posibilidad de un conflicto serio; nosotros sabemos, las autoridades saben, que esos conflictos siguen costando vidas humanas, y no se puede permitir Nicaragua tener una extensa zona rural con debilidades jurídicas en posesión de la tierra, con población inestable y con conflictos relacionados con la tierra”, dice Sergio Caramagna, representante de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua.