Franklin Bordas [email protected]
Con la paulatina desaparición de los bosques naturales en Nicaragua, ha comenzado a evidenciarse todo un finísimo tejido de organizaciones y personas, vinculadas a la producción y comercio ilícito de la madera. Desde muchos años atrás, la profesión del maderero ha sido estigmatizada, y hoy más que nunca, reclaman que de una vez por todas, sea respetado su rol dentro de la sociedad, y pueda reposicionarse su actividad de forma digna y respetable. Quizás sea éste el momento, cuando la nueva ley y la política forestal, están definiendo con bastante claridad, las reglas del juego, y arranca toda una campaña en contra de la corrupción en el sector forestal.
El 50 por ciento de los bosques del país han desaparecido con el fin de siglo. Los excesos de la explotación comercial legal e ilegal, aunados a otros factores, como la piromanía forestal entre otras, son razones importantes de esta situación. Conocer que en Nicaragua la producción clandestina de madera de color (latifoliadas), constituye alrededor del 50 por ciento de la producción total, y que también el 45 por ciento de la producción total de pino es ilegal, no pareciera impactar mucho a la ciudadanía; pero cuando se habla, de que el valor económico bruto de la madera ilegal es calculado entre 20 y 30 millones de dólares al año, el panorama cambia.
Los resultados de un reciente estudio, elaborado de forma conjunta por la red de Manejo de Bosque Latifoliado de Honduras (Remblah) y Nicambiental con la asesoría de FAO, acerca de la producción forestal no controlada en Honduras y Nicaragua, estima que en Honduras, es ilegal casi el 85 por ciento de la extracción de bosque Latifoliado y el 50 por ciento de la producción de coníferas. Cifras un poco mayores a las de Nicaragua, aunque ambos países se encuentran gravemente afectados por una muy bien estructurada red de contrabandistas y delincuentes madereros, que además de afectar al país en su conjunto, perjudican especialmente a las comunidades rurales, que sobreviven de los ingresos provenientes de los bosques y su biodiversidad.
El estudio también revela, que las pérdidas directas para las finanzas públicas en Honduras son alrededor de 12 a 18 millones de dólares anualmente, y en Nicaragua de ocho a 12 millones de dólares, esto último no es nada despreciable, ya que lo ilegal asciende a casi el 60 por ciento del valor de las exportaciones anuales de productos forestales.
A través de un informe divulgado por la WWF se conoció que el 13 por ciento de la madera y sus derivados comprados por los países del G-8 y China, pueden proceder de negocios ilegales, e instó a estos gobiernos a poner en ejecución políticas de compra responsable que apoyen el manejo sostenible de los bosques.
El informe sugiere que 53 millones de metros cúbicos de productos de madera y sus derivados, importados por estos países son probablemente ilegales. Esta cantidad es mayor que todas las importaciones de madera del Reino Unido, y el equivalente a una superficie de bosques del tamaño de Bélgica y Holanda juntos.
En Brasil, que aún conserva la mayor extensión de bosques tropicales del mundo, la ilegal y acelerada deforestación, acaba cada minuto con una superficie de selva equivalente a 15 canchas de fútbol, según los ecologistas. Con esta preocupación ha puesto en servicio un nuevo sistema que emplea satélites y una red de informática para combatir el tráfico ilegal de especies forestales, que constituye uno de los principales problemas en este país.
Estimaciones del Banco Mundial indican, que la pérdida en la renovación de los créditos, debido a los costos de la tala ilegal de los gobiernos, alcanza los 5,000 millones de dólares anuales. Todas las observaciones antes mencionadas permiten comprender, que Nicaragua enfrenta un problema de gran complejidad.
Parece ser definitivo el hecho de que el país ha estado perdiendo recursos claramente durante los últimos diez años, y esto, según conservadoras estimaciones, va más allá de los 300 millones de dólares.
Es claro que la función de regulación y control de los recursos forestales a cargo del Instituto Nacional Forestal (Inafor), debe ser revisada, rediseñada y fortalecida, a fin de operar con mayor eficiencia y frenar la corrupción. Pero también la sociedad civil debe colaborar. Los madereros tradicionales que operan en el marco de la ley y la decencia, están llamados a proteger sus intereses velando por reglas claras en el mercado. Pero no sólo eso, es la conciencia de cada ciudadano nicaragüense denunciando el crimen ambiental, para que esos 30 millones de dólares o más, que se pierden por la ilegalidad en la producción y el comercio forestal, vengan a paliar la enorme pobreza de los que viven del bosque, que son los que menos ganan y pierden más.
El autor es consultor de inversiones forestales.
