Jorge Loáisiga y José Adán [email protected]
Según un resumen ejecutivo de un proyecto del Banco Mundial, titulado “Estudio sectorial de Tierras, La necesidad de estabilizar el régimen de la propiedad en Nicaragua”, una de las principales causas de que el conflicto siga, es la debilidad institucional del gobierno, y la complejidad legal sobre el tema, al existir más de 50 leyes sobre el tema.
Según el informe “el cuerpo legal es demasiado complejo, incluyendo un número de leyes que han sido parcialmente derogadas”.
“Las ventas judiciales crean una forma de inscribir tierras en el Registro sin pruebas verificables y sin seguir el debido procedimiento”.
“Los Títulos Supletorios se usan ampliamente pero ofrecen escasa protección legal al dueño o a terceros dada la falta de capacidad y cobertura de los emisores (autoridades: el Registro y los Jueces)”.
“El Registro no tiene la capacidad para evitar inscripciones dobles de una misma propiedad o de llevar a cabo controles apropiados sobre la historia de una propiedad”.
“La información del Registro no está actualizada y el acceso a tal información es difícil y caro”.
“Existen discrepancias entre los mandatos legales y los de facto de las instituciones relacionadas con las tierras, especialmente la OTR”.
“La estructura institucional es compleja y de vida corta, lo cual la hace cara y potencialmente no sostenible”.
“El sistema para la resolución de los conflictos sobre la tierra es ineficiente y subutilizado”.
“La información catastral sólo cubre el 20 por ciento del territorio. La información para el resto del país está obsoleta”.
“La coexistencia de catastros municipales, fiscales y de Ineter (con estándares conflictivos) resultan en confusión e incertidumbre”.
“La falta de información catastral adecuada ha alentado a las municipalidades a formar su propio catastro. Los datos catastrales de las municipalidades no son reconocidos por Ineter, creando incertidumbre y una duplicación en potencia”.
“La naturaleza abarcadora del compromiso de distribuir tierras a los combatientes desmovilizados da origen a expectativas no realistas que pueden resultar en malestar social y conflicto”.
“La cuantificación y el pago de indemnizaciones para propiedades confiscadas son lentos y limitan la velocidad del proceso de titulación”.
