- El conflicto por la propiedad es, después de la guerra, la huella más profunda del paso del sandinismo por el poder. Veinticuatro años después que se aprobaran los decretos confiscatorios, los reclamos de propiedades están más presentes que nunca, pese a que el país ha invertido más de mil millones de dólares en tratar de resolver un problema que cada día se agiganta y se ha convertido en una enorme ancla que impide el desarrollo económico y social del país
José Adán Silva yJorge Loáisiga [email protected]
La tarde del 21 abril del 2002, en el salón principal de la Casa Presidencial, un emocionado presidente Enrique Bolaños explicaba ante una vasta concurrencia nacional e internacional, los logros de su gobierno en los primeros cien días en el poder.
En medio de su discurso y ante los pocos logros alcanzados en ese período, Bolaños dio a conocer un terrible informe que en parte explicaba (según él), el poco éxito alcanzado en su corta gestión.
“El 70 por ciento de las fincas del país tienen algún tipo de irregularidad y el 44 por ciento de las propiedades no tienen ningún documento que las respalde. Tenemos un sistema de tenencia de la propiedad desordenado e inseguro. Uno debe sentirse seguro de sus propiedades, de su parcela, de sus bueyes y de su casa”, expresó el mandatario.
Afuera de Casa Presidencial, a unos 200 metros del podium desde donde Bolaños se dirigía a la nación, unas 50 familias campesinas (alrededor de 300 personas) del Norte del país, dormían a la intemperie en los predios de un parque oscuro frente al Teatro Nacional Rubén Darío.
Ellos protestaban por el incumplimiento de las promesas a los ex miembros de la Resistencia de Nicaragua, que una vez más, en un largo período de 13 años, exigían títulos de propiedad y tierras, tal y como se lo prometieron en 1990, para que dejaran las armas.
De ese parque hicieron, por cinco meses, el hogar que reclamaban del Gobierno. Ante la indiferencia de todo el país construyeron champas de plástico negro, colgaron hamacas y aprovisionaron en el piso camas colectivas de cartón y papel periódico, mientras usaban las ramas de los árboles para colgar y secar las pocas ropas viejas que trajeron.
Ahí estuvieron, hasta que alguien del Gobierno consiguió varios buses para que regresaran a sus departamentos. Igual o peor que cuando vinieron a protestar, se fueron dejando un reguero de basura y heces fecales por doquier, y cargando sobre sus desgracias una promesa más de que les resolverían sus demandas.
En el parque no había ninguno de los servicios básicos, mucho menos energía eléctrica, por lo cual es poco probable que hayan escuchado el discurso presidencial sobre el tema que a ellos les interesaba.
MIL MILLONES DE DÓLARES
Así, no pudieron darse cuenta que los datos revelados por el presidente Bolaños se quedaron cortos ante una realidad más trágica y cara, que desnuda el problema de la propiedad en toda su intensidad: Según la Tesorería General de la República, el país ha emitido desde 1993, mil 10 millones 977 mil 880 dólares (U$1,010,977,880) en Bonos de Pago de Indemnización (BPI) a reclamantes de propiedades confiscadas.
Esta carga asumida por el Estado tiene económicamente hundido al país con una deuda interna que asciende a mil 700 millones de dólares. Sin embargo, el problema, lejos de resolverse, se agrava, al aumentar cada año el número de reclamantes y los bienes demandados.
Según datos de la Intendencia de la Propiedad y la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al 31 de mayo del 2003, se contabilizan 7,543 reclamantes que demandan el pago o la devolución de 28,883 bienes que les fueron confiscados o expropiados durante la década de 1980, tras el triunfo de la revolución sandinista.
Los bienes reclamados incluyen propiedades urbanas y rurales, semovientes, vehículos, maquinaria, equipos industriales y agrícolas, acciones en sociedades anónimas, certificados a plazo fijo, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cheques, carteras por cobrar, empresas y otros bienes que el Estado se ha dado a la tarea de cuantificar, para indemnizar el daño ocasionado por los decretos y leyes confiscatorias de la época revolucionaria.
Según el más reciente informe de la Intendencia de la Propiedad con fecha del 31 de mayo del 2003, existen 7,543 reclamantes de 28,883 bienes, de los cuales, 10,117 son fincas rústicas y 9,944 son casas y lotes urbanos y el resto de bienes reclamados corresponde a cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo, vehículos, semovientes, y otros bienes.
SOLUCIÓN VA PARA LARGO
“El problema sí se está resolviendo y es cierto que el número de reclamantes crece así como el número de bienes reclamados. Estamos trabajando en eso, vamos avanzando, queremos resolver el problema, aunque hay estimaciones de que el problema se resolverá dentro de unos 25 ó 30 años”, aseguró el Intendente de la Propiedad, Arturo Elí Tablada, al conversar con LA PRENSA sobre el problema de la propiedad y las soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Sin embargo su optimismo contrasta con una simple mirada al meollo del asunto: Para llegar a resolver el problema, en ésa u otras fechas, el Estado nicaragüense tendrá que desembolsar cientos de millones de dólares más, pues según el informe de la Intendencia de la Propiedad, al 31 de mayo de este año se habían finiquitado (indemnizado o devuelto) 9,527 casos, quedando pendientes de resolución 19,356 reclamos.
En términos geográficos, sólo en la solución de las demandas de 3,585 bienes rústicos, como fincas y potreros, se han indemnizado un millón 368 mil 930 manzanas de tierra en todo el país. Aun quedan pendientes de resolución aproximadamente 6,432 bienes rústicos y 7,333 casas y lotes urbanos, de acuerdo con los datos oficiales.
Es tan grave el conflicto de la propiedad y tan pesada la carga, que el presidente Bolaños prometió elaborar una nueva ley de la propiedad que unifique en una sola instancia todos los instrumentos jurídicos que tienen que ver con el tema.
“Actualmente existen más de 50 leyes y disposiciones legales sobre la propiedad, estando su aplicación regada en 21 dependencias gubernamentales. Vamos a unificar esta disposición para facilitar y garantizar el derecho de propiedad. Vamos a elaborar una sola ley de propiedad y una nueva ley de catastro y registro que modernice y fortalezca el derecho de propiedad”, dijo Bolaños.
Y el Procurador General de la República, Francisco Fiallos, quien como abogado del Gobierno firma la autorización para el pago de indemnizaciones, dijo al respecto que “hasta me duele la mano de firmar esas indemnizaciones, pero es una ley que debemos cumplir para darle solución al problema”.
SUEÑO CONVERTIDO EN PESADILLA
En julio de 1961 un grupo de guerrilleros encabezados por Carlos Fonseca Amador, definió una estrategia de guerra popular con la dictadura de Anastasio Somoza y un idealista programa de gobierno revolucionario que incluía la distribución de la tierra a los campesinos.
El 19 de julio de 1979, tras la caída de Somoza, el sueño de los guerrilleros se hizo realidad, al conquistar el poder por la vía armada, y un día después, comenzó lo que sería la pesadilla del ahora.
Veinticuatro horas después del triunfo, el 20 de julio, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, promulgó el Decreto Número 3 que ordenaba las confiscaciones de bienes a la familia Somoza, militares, funcionarios y allegados.
Meses después, el ocho de agosto de 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) emitió el Decreto Número 38, en el que se facultó al Procurador General de Justicia a “congelar o intervenir preventivamente cualquier transacción, bien o empresa, de personas allegadas al somocismo”.
El 19 de julio de 1981 se emitió el Decreto 760: “Apropiación por Estado de los Bienes Abandonados”, donde se consideraban abandonados, y por ende pasaban a propiedad del Estado, “todos aquellos bienes muebles, inmuebles, títulos valores, acciones de cualquier naturaleza de aquellos propietarios nicaragüenses que se hayan ausentado o se ausenten del país y no hayan regresado después de seis meses”.
Después de la derrota electoral del FSLN, en 1990, entre el 25 de febrero y el 25 de abril, se promulgaron tres leyes que tuvieron un impacto significativo en la estructura de la propiedad.
Una de éstas fue la Ley 85 o Ley de Transmisión de la Propiedad de Viviendas y otros Inmuebles pertenecientes al Estado y sus Instituciones, que confirió derechos de propiedad a personas naturales y jurídicas que ocupaban casas de habitación por asignación, posesión, arriendo o cualquier otra forma de tenencia de inmuebles que el Estado administraba con ánimo de dueño.
La otra ley es la Ley 86, “Ley Especial de Legalización de Viviendas y Terrenos”, esta ley benefició a personas que hubieran ocupado lotes para construir sus viviendas y comprendía terrenos que hubieran sido administrados por el Estado. La OOT recibió 126,275 solicitudes de revisión de estos casos.
Y además surgió la Ley 88 “Ley de Protección a la Propiedad Agraria”, la cual otorgaba carácter de título de propiedad a los títulos de reforma agraria provisionales o definitivos.
Las solicitudes para títulos de reforma agraria, conforme a la Ley 88, fueron de 10,149 casos sujetos a revisión.
VER TAMBIÉN:
