ACAN-EFE
MANAGUA.- La Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Bufete Popular Boris Vega y el Bufete de la Universidad Centroamericana, anunciaron ayer la creación de una “coalición” para que Nicaragua ratifique la CPI.
En un pronunciamiento dado a conocer ayer, estos cuatro organismos no gubernamentales “lamentan” que el Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, “entregue en bandeja nuestra soberanía a Estados Unidos”, al referirse a un acuerdo bilateral entre ambos países.
Norwin Solano, jurista del Cenidh en esta “Coalición Nicaragüense por CPI”, dijo a ACAN-EFE que han solicitado a los diputados que no ratifiquen el acuerdo Estados Unidos-Nicaragua, “porque es lesivo a nuestra soberanía”.
Solano señaló que para la Coalición “es preocupante la cautela de diputados liberales y sandinistas ante la ratificación del acuerdo, lo que nos indica que ambos matizarán su posición, para no meterse en problemas con los yanquis, y lo ratificarán”.
“Las declaraciones de legisladores liberales y sandinistas de que estudiarán ese acuerdo, confirman nuestros temores que esos partidos llevan el asunto al ámbito electoral, de cara a los comicios de los 152 alcaldes del país, en noviembre de 2004”, agregó.
De acuerdo con Solano, el tema entra en el asunto electoral porque “los sandinistas quieren enviar el mensaje de que no son enemigos de Estados Unidos, los liberales de que son buenos amigos de ese país, y el sector liberal de Bolaños, igual que éstos”.
“La única posición de rechazo a ese acuerdo, es la del sandinista Nelson Artola, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, pero hay que esperar a ver qué posición toma a lo interno de su partido”, apuntó.
El letrado indicó que el tratado constitutivo de la CPI no viola la Constitución Política nicaragüense como afirman algunos sectores, porque ésta prohíbe la extradición de ciudadanos de este país a otro Estado, para ser juzgados, sino que los entrega a una Corte.
“Además, la CPI juzgará crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra. No hay que confundir la extradición para juzgar a una persona por delitos penales, con la entrega para juzgarles por delitos de lesa humanidad”, añadió.
Solano destacó que “Estados Unidos presionó en la ONU para darle inmunidad a sus militares en sus guerras por todo el mundo, a través de la resolución 1442 de junio de 2002, y que fue prorrogada el uno de junio pasado”.
