- Jurista advierte que no podría
ratificarse Estatuto de Roma
Consuelo Sandoval [email protected]
Nicaragua no podrá ratificar el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (CPI), porque roza con la Constitución Política en su artículo 43, que prohíbe la extradición de nuestros compatriotas, advirtió ayer la destacada jurista y catedrática del Derecho, Asunción Moreno.
“El Estatuto de Roma otorga a la Corte Penal Internacional facultades jurisdiccionales obligatorias para investigar y juzgar los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y el crimen de agresión, de tal forma que ningún Estado puede condicionar la actuación de la Corte, siendo inadmisible también que en el momento de la firma y ratificación del Estatuto se hagan alguna reserva”, aseguró Moreno.
La catedrática de Derecho de la UCA, señaló que el artículo 120 del Estatuto de Roma expresamente dice: “No se admitirán reservas al presente Estatuto”, lo cual coloca a Nicaragua en una posición difícil, debido a que algunas disposiciones relacionadas con la extradición rozan con el artículo 43 de la Constitución Política que señala que los nacionales no pueden ser extraditados.
Agregó que por esta misma razón, tampoco podrá entregarse a la CPN, a los ciudadanos extranjeros, además dijo que otros delitos como el crimen de guerra y de agresión no están castigados en la legislación penal.
En tanto, las bancadas mayoritarias de la Asamblea Nacional advirtieron que si el acuerdo bilateral suscrito entre Nicaragua y Estados Unidos para eximir a los ciudadanos norteamericanos de someterlos a juicios por la CPN, lesiona la soberanía nacional, no lo respaldarán, aunque aclararon que todavía desconocen el contenido del texto.
SANDINISTAS ESTUDIAN SITUACIÓN Y LIBERALES DESCONFÍAN
El coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, expresó que Estados Unidos ha suscrito acuerdos similares con 43 naciones para proteger a su personal porque de acuerdo al sistema de Naciones Unidas, si hay una acusación contra cualquier persona, los países signatarios tienen que facilitar que esas personas respondan ante la CPN.
“Creemos que debe haber un orden internacional, el sistema de Naciones Unidas está en crisis y hay que reestructurar todo eso y sobre todo después de la guerra contra Irak. ¿No se estaría dando impunidad al personal norteamericano? No necesariamente, porque ellos dicen que van a juzgar de acuerdo a su propio sistema legal, lo cual, no significa impunidad. Es decir, no reconocen esa Corte, como hay varios países que no reconocen la Corte de Justicia de La Haya, lo cual no significa que sean impunes”, manifestó Castro.
El diputado liberal Wilfredo Navarro dijo desconocer el acuerdo y recordó que los conservadores (refiriéndose al presidente Enrique Bolaños), siempre han tenido posiciones entreguistas.
“Nosotros tenemos desconfianza de todo lo que haga y diga el gobierno, pero esperamos ver el proyecto de ley que se va a enviar a la Asamblea Nacional y si es relativo a algunos temas que hemos conversado con algunos funcionarios norteamericanos que se refiere a garantizar la soberanía nacional de los países, nosotros lo apoyaríamos”, garantizó.
No obstante, aseguró que no darán un cheque en blanco a Bolaños, porque ha adoptado decisiones que solamente han perjudicado a Nicaragua, las cuales, no detalló.
SANDINISTAS NO TEMEN SER PROCESADOS
La diputada sandinista Alba Palacios, desestimó que miembros del Frente Sandinista puedan ser sujetos de procesos penales en la Corte Internacional, alegando que jamás cometieron genocidio contra la población.
“A mí me decían que si no nos preocupábamos por los sandinistas, pues yo les respondí que no porque el Frente Sandinista aún cuando fue guerrilla nunca fue genocida, simple y sencillamente actuaba contra objetivos militares que era el organismo que reprimía a la población nicaragüense y cuando estuvimos en el gobierno, quien impulsó la política de agresión fue el mismo Estados Unidos”, indicó.
Rememoró que el Congreso norteamericano fue el que aprobó el financiamiento para el accionar de la contrarrevolución que combatió al gobierno sandinista en los años ochenta y que incluso la Corte Internacional de Justicia de La Haya condenó a Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua por 17 mil millones de dólares por los daños ocasionados a nuestro país, deuda que fue perdonada por la administración de la ex presidenta Violeta Chamorro.