- Si anulan el contrato de adjudicación de distribución eléctrica, el gobierno pagaría millonario seguro a empresa española, afirma vocera de Fenosa
- Pero si Fenosa incumple uno de los puntos del contrato, se puede anular el mismo y no pagarle un centavo, según fuente energética
Moisés Martínez yConsuelo [email protected]
La posible anulación del contrato de adjudicación para la distribución eléctrica con Unión Fenosa, está sujeto al pago de un seguro de 115 millones de dólares por parte del gobierno de Nicaragua a esa empresa de capital español.
La vocera de Fenosa, Erika Ramírez, confirmó anoche la existencia de una cláusula en el contrato de adjudicación de la distribución eléctrica a esa empresa, alegando que es algo normal en las negociaciones de cualquier compañía, establecer este tipo de seguros para proteger su inversión. La adjudicación de la distribución eléctrica a Fenosa es por un período de 30 años y fue firmado hace dos años durante la administración del ex presidente Arnoldo Alemán.
“Es un seguro con el Banco Mundial que establece el cobro de la inversión hecha por la empresa, que es de unos 115 millones de dólares. Hay varios puntos establecidos por los cuales se tendría que pagar el seguro, pero Unión Fenosa tiene la confianza que la sensatez predominará y se reconocerá la inversión de la empresa en Nicaragua en estos dos años”, declaró Ramírez.
LA PRENSA quiso conocer la versión oficial del gobierno de Nicaragua sobre este tema, pero el vocero presidencial, Joel Gutiérrez dijo: “Me llamaron muy tarde (eran las 9:20 p.m.), a esta hora no puedo conseguirte ninguna información porque el presidente se fue temprano a descansar después del viaje a Chinandega. Llamame mañana (hoy) y te conseguiré una información más completa”.
Erika Ramírez reiteró que Fenosa no está en contra de cualquier modificación en la Normativa Eléctrica, no así en la Ley de Industria Eléctrica, debido a que esto implica un cambio en los reglas del juego que no sería bien visto ante futuros inversionistas.
“Nosotros dependemos de que lo que decida la Ley de Industria Eléctrica, pero esperamos que esto no se cambie. En el caso de la Normativa Eléctrica, ya expusimos que estamos de acuerdo en que se modifiquen algunos aspectos, como en el caso de la energía no registrada”, añadió Ramírez.
SE PUEDE OBVIAR PAGO DE SEGURO
Sin embargo, una fuente vinculada al sector energético, aclaró que el contrato con Fenosa también establece que si esta empresa no cumple con los términos establecidos en el mismo, entonces podría ser retirada del país sin pagársele un solo centavo.
De acuerdo a la fuente, el pago de este seguro está sujeto a negociaciones entre la distribuidora eléctrica y el gobierno de Nicaragua, con el fin de establecer si Fenosa cumplió o no los términos del contrato de adjudicación de la distribución eléctrica.
“No se puede así por así anular el contrato con esta empresa (Fenosa). Tiene que haber una negociación para determinar si la empresa es retirada por razones políticas o de otra índole, por lo que entonces se tendría que pagar la validez de la concesión. Pero en caso que la empresa incumpla uno de los puntos del contrato o por ineficiencia, entonces sí se puede anular el contrato sin pagarles un centavo”, explicó la fuente.
AMENAZAN ANULAR CONTRATO
El presidente de la Comisión de Infraestructura del Parlamento, Roberto González, advirtió ayer que la Asamblea Nacional podría anular el contrato de privatización de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), a favor de la compañía española Unión Fenosa, y sugirió la destitución por supuesta “incapacidad e incompetencia” del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
González, junto a otros diputados, recibió a varios pobladores de El Viejo, Chinandega, quienes llegaron al Parlamento a protestar por los excesivos cobros que les aplica Unión Fenosa en sus facturas en concepto de energía no registrada, ejemplificando que antes pagaban 30 córdobas y ahora se les incrementó a tres mil córdobas.
El parlamentario sandinista informó que la comisión logró detectar el contrato de privatización de la distribución de energía que supuestamente mantenía oculto el gobierno, en cuyo texto se estipuló un compromiso de la empresa española para ejecutar un plan de inversión en la infraestructura energética, sin embargo, a la fecha no ha destinado un solo centavo.
Denunció que Unión Fenosa quiere recuperar 40 millones de dólares que presuntamente le adeuda el gobierno por no cumplir con su compromiso de autorizarles un incremento anual de tarifa, estableciendo la aplicación del cobro al consumidor por energía no registrada y la potencia máxima, éste último concepto constituye el pago que entrega la empresa española a las generadoras energéticas, solamente por ser potencialmente productoras de energía.
