- Dice que Nicaragua violenta el orden mundial
José Adán Silva [email protected]
Como muy peligroso para la seguridad nacional, calificó la Fiscal General Adjunta, María Lourdes Bolaños, el acuerdo bilateral firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua, para no reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional.
“Eso, jurídicamente no debe ser así, ya hay un tratado multilateral que debe ser respetado por todos los países, y no es correcto darle la espalda a una iniciativa mundial”, dijo Bolaños.
Esta semana se conoció que el gobierno de Nicaragua y el de Estados Unidos firmaron un acuerdo donde establecen darle inmunidad a los ciudadanos norteamericanos desde nuestro país, ante la Corte Penal Internacional.
La CPI, creada en julio de 1998 en Roma, es una instancia recientemente creada por la Organización de las Naciones Unidas, como un organismo para castigar el delito internacional de lesa humanidad, los crímenes de guerra, genocidio y otros actos que transgredan el Derecho Internacional durante los conflictos armados.
CORREMOS RIESGO DE QUEDAR SIN PROTECCIÓN
“Es peligroso estar firmando cosas, debe ser pasado por la Asamblea Nacional, porque corremos el riesgo de quedarnos sin protección”, dijo la fiscal adjunta, reiterando que Nicaragua podría estar alterando el orden mundial, a favor de un país.
La embajadora de Estados Unidos, Barbara Moore, explicó que el acuerdo binacional está basado en el artículo 98 del Acuerdo de Roma, donde se establece, en la creación de la Corte Penal Internacional, que puede suscribirse un acuerdo en que “ni Nicaragua ni Estados Unidos entregarían a sus ciudadanos sin la aprobación del país, a esta Corte”.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, según la diplomática norteamericana, porque “la Corte puede ser legal, pero nosotros no firmamos el acuerdo creando la Corte. No entregamos la jurisdicción de nuestros ciudadanos a esa Corte”.
La diplomática confirmó que el gobierno de Estados Unidos retirará la ayuda militar a aquellos países que firmen la posibilidad de juzgar a sus conciudadanos a través de la Corte Penal Internacional, “porque no queremos poner en riesgo a nuestros ciudadanos que entran a esos países en calidad de servicio militar”.
