José Antonio Poveda Salvatierra
Las épocas históricas de prosperidad y progreso económico, han coincidido con aquéllas que han percibido la función social que desempeña el beneficio empresarial en la organización racional de la economía. Por el contrario, han sido períodos de estancamiento y regresión aquéllos en los cuales se ha menospreciado esa función.
El beneficio del empresario es, en efecto, el timón que dirige y orienta los complejos mecanismos de la economía social y es, a la vez, el instrumento que controla el adecuado rendimiento de sus piezas. Realiza así, en la economía de las sociedades libre, los mismos objetivos que en un sistema de planificación estatal intenta inútilmente realizar un gigantesco y costoso aparato burocrático y un implacable conjunto de medidas coercitivas y de sanciones de carácter penal.
Se ignora su significado real. Se ignora, sobre todo, su esencial e irreemplazable función. En reacción contra un abuso individual o en nombre de un vago sentimiento de protesta contra la injusticia social, se suele frecuentemente atentar contra un instrumento que es indispensable para asegurar la eficacia del sistema económico y el bienestar y la prosperidad de todos.
El beneficio del empresario es la remuneración que recibe el titular de la empresa, por organizar el conjunto de recursos productivos, destinados a obtener los bienes y servicios que han de satisfacer las necesidades de la colectividad. Es, en efecto, la diferencia entre el valor de los bienes y servicios que la empresa suministra a los consumidores; y el valor de los recursos productivos empleados por la empresa en la producción de esos recursos y servicios.
En el mundo real, el empresario aporta el capital de la empresa y aporta generalmente a ella su esfuerzo y trabajo personal. En términos rigurosos, el beneficio empresarial es la diferencia entre el valor total del producto y el valor total de los recursos o insumos empleados. Entre esos recursos debe incluirse, por lo tanto, el interés del capital y el valor del trabajo aportados por el empresario, al igual que debe incluirse en el valor del producto la parte del mismo.
Desde el punto de vista del interés general de la sociedad, la eficiente organización de la empresa exige que los bienes y servicios producidos por ella se obtengan con un costo accesible a todos los consumidores y a las personas con limitados recursos económicos. Ese es el medio de lograr que la colectividad pueda obtener un máximo volumen global de bienes y servicios con los limitados recursos productivos disponibles. Y esa es, justamente, una ostensible e insustituible función del beneficio del empresario.
A los fines de obtener un beneficio máximo o una pérdida mínima, el empresario se esfuerza constantemente en organizar debidamente su empresa y en restringir el valor de sus costos; esto es, en disminuir el número de recursos productivos utilizados por unidad de producto. Así, el beneficio empresarial es el instrumento invisible que asegura todos los días, en todas y en cada una de las empresas, y en todos los sectores de la economía, el uso eficiente y económico de los recursos productivos de la comunidad.
Es evidente que una empresa cooperativa puede operar en ciertos ramos con igual eficiencia, distribuyendo el beneficio entre sus miembros, o renunciando a ese beneficio y suministrando los bienes y servicios a precios más reducidos a los consumidores. Nada impide ni debe impedir que esas admirables empresas surjan y prosperen, siempre que sean auténticas cooperativas. El hecho de que no surjan y prosperen en mayor número es un indicador objetivo de que en las sociedades humanas no abundan los hombres capaces de ponerlas en marcha y, es el beneficio empresarial el medio adecuado para estimular las energías creadoras y asegurar la eficiente organización de las unidades de producción.
Nada impide tampoco que una empresa estatal, dirigida y administrada por hombres de capacidad, honestidad y tenacidad excepcionales, pueda teóricamente lograr esos resultados en un determinado sector de la economía.
Ahora bien, en el caso de que esta hipótesis se realice, la empresa estatal está siempre expuesta a dejar de ser eficiente cuando esos administradores cambien o, por las razones que fueren, pierdan su empuje inicial o su tenacidad. Y pese a ello, la empresa estatal seguirá dilapidando recursos productivos y gravando con sus pérdidas a la colectividad. Por el contrario, en la empresa privada la existencia de pérdidas, que son la contrapartida del beneficio empresarial, constituye el timbre de alarma o la luz roja que impone irremediablemente la reorganización o la eliminación de la unidad de producción ineficiente.
El beneficio empresarial es, en conclusión, el instrumento que orienta y asigna incesantemente el uso de los recursos productivos hacia las finalidades que considera más importantes la comunidad. Tiende, en cada instante, al mejor aprovechamiento y distribución de los limitados recursos disponibles. Impulsa, asimismo, en el curso del tiempo, el desarrollo progresivo de la economía, desplazando recursos productivos a las nuevas actividades que se derivan del progreso de los conocimientos tecnológicos, de los cambios en las necesidades de los consumidores y de las lentas modificaciones en el volumen y en la calidad de los recursos disponibles. Resuelve, por último, el difícil problema del colocar al frente de los recursos productivos a los hombres que acreditan su capacidad de organización de esos recursos que no resultan aptos para la eficiente organización.
Esa visión general de las funciones del beneficio empresarial no niega las múltiples irregularidades y fricciones que perturban, en el mundo real, el desenvolvimiento normal de sus funciones. No desconoce por ejemplo que la existencia de imposiciones y privilegios monopólicos es fuente de lucros indebidos ajenos a la positiva significación que tiene, en un mercado competitivo, el beneficio empresarial. Pero de la misma manera que debemos percibir esas irregularidades y esforzarnos en su efectiva corrección, nada es más peligroso que perder la visión general del sistema y destruir el instrumento que asegura la racionalidad de la economía y la adecuada satisfacción de las necesidades de la comunidad.
El autor es vicedecano. Facultad de Derecho UNAN-León.
