- Más de 1,000 obreros padecen insuficiencia renal crónica en el Occidente del país. Los empresarios dicen que es el Seguro Social quien debe indemnizarlos, pero el INSS responde que es responsabilidad compartida
Arturo Mcfields Yescas yMariela Ferná[email protected]
Hace 34 años Alejandro Flores no sabía lo que era insuficiencia renal, lo único que le preocupaba era levantarse a las dos de la madrugada para caminar diez kilómetros y llegar hasta “la paila” o cañaveral, donde con otros trabajadores se ganaba unos “bollitos”.
En esos días la vida le parecía fácil. Alejandro tenía 18 años y le sobraban fuerzas para trabajar, tanto que logró ser contratado en su primer intento, gracias a un amigo y haciéndose pasar por un joven de 20 años, que era la edad mínima para ser admitido en “la paila”.
Treinta y cuatro años después, Alejandro está postrado en un viejo catre, desnudo, tosigoso, con insuficiencia renal, según él, producto de largas jornadas de trabajo en la zafra, que le dejaron los riñones incapacitados para filtrar las sustancias que ingiere.
“Después que trabajé tanto tiempo de zafrero me sacaron en 1998, porque padecía insuficiencia renal y no podía laborar más, sólo me quedaron dando una pastilla”, dice Alejandro.
Por la enfermedad tiene dos meses de no comer y cinco días sin poder beber agua. “Siento un humo caliente en el estómago, un ácido que me produce vómitos y no me queda nada en el estómago”.
“Cuando los riñones no ejercen su función y no desecha las sustancias que el cuerpo necesita, éstas se vuelven tóxicas produciendo complicaciones en la persona, que hasta incluso la puede llevar a la muerte”, explica Julio César Flores, director del Hospital Fernando Vélez Paiz.
Rafael Castellón, presidente de la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica del Ingenio San Antonio (Asdeeisa), dijo que existen más de mil personas con el mismo padecimiento de Alejandro, quienes tienen la esperanza de que se les reconozca que adquirieron esta enfermedad en el trabajo.
El presidente Enrique Bolaños vetó la ley recién aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional, que incluye la insuficiencia renal como una enfermedad de riesgo profesional.
Pero Manuel Ruiz, ex vicepresidente de la Comisión Americana de Prevención de Accidentes de Trabajo, dice que desde hace años la legislación sobre riesgos profesionales protege a todos los asegurados de esa enfermedad.
Rafael Castellón, presidente de la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica del Ingenio San Antonio (Asdeeisa), dice que el veto del presidente Bolaños favorece y estimula el uso de plaguicidas y contaminantes, prohibidos a nivel mundial, lo que “agrava el riesgo de contaminación y muerte de los trabajadores”.
Temor en la empresa privada
Anastasio Somarriba, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), se opuso a que el Código Laboral incluya un artículo obligando a las empresas a compensar por daños en los riñones de los trabajadores.
Sugirió hacer un análisis exhaustivo, porque en muchos casos las personas, desde que nacen traen algún tipo de afectación renal. “No se puede afectar de forma general a todas las empresas”.
Agregó que el Seguro Social debería asumir una parte de esa responsabilidad, cuando encuentren enfermedades renales en los trabajadores.
Somarriba enfatizó que con la ley sobre insuficiencia renal, se disminuye la capacidad de capitalización de las empresas y tienden a reducirse las fuentes de empleo.
Accidentes frecuentes
Cada 52 minutos un trabajador sufre un accidente laboral, que puede causarle la muerte, incapacidad o lesiones que le impidan realizar sus labores. Como consecuencia se pierden 200 mil días en concepto de subsidios, con un monto anual de nueve millones de córdobas.
VER TAMBIÉN
Un veto intrascendente