El jefe policial de Puerto Cabezas, comisionado Gregorio Aburto, muestra la droga que según el alcalde de Bilwi, Guillermo Espinoza, se había convertido en “harina”. (LA PRENSA/G. MIRANDA)

“Soplones” y pérdida de expedientes favorecen a expendedores de drogas

José Adán Silva yWalter [email protected] Hace meses la Policía esperaba una orden judicial para ir a allanar una casa donde se tenía información de que vendían droga. Llevaban 48 horas en espera de la orden judicial, y justo cuando les avisaron que les llegarían a entregar la orden, una señora llegó muy molesta, con una […]

José Adán Silva yWalter [email protected]

Hace meses la Policía esperaba una orden judicial para ir a allanar una casa donde se tenía información de que vendían droga. Llevaban 48 horas en espera de la orden judicial, y justo cuando les avisaron que les llegarían a entregar la orden, una señora llegó muy molesta, con una fotocopia de la orden de allanamiento a su casa, a reclamar que por qué le querían catear su casa.

En otra ocasión, un expendedor de drogas desmontó todo su negocio, a la vista y paciencia de todo el barrio, porque sabía que al día siguiente la Policía llegaría a allanar su casa en busca de drogas. Cuando la Policía llegó al día siguiente a allanar esa casa, ya no encontró nada más que la casa vacía y la sonrisa burlona del presunto expendedor.

Casos como éstos, además de la pérdida de expedientes y las escandalosas salidas de narcotraficantes a quienes han encontrado con “las manos en la droga”, son cosas comunes que tanto la Fiscalía, la Policía Nacional, la Alcaldía y los propios jueces señalan como parte de las causas que inciden en la proliferación de la narcoactividad en Puerto Cabezas.

POLICÍA SEÑALA A “SOPLONES”

Aunque no lo dice directamente, el comisionado Gregorio Aburto, jefe de la Policía en Puerto Cabezas, señala que en muchas ocasiones los agentes se ven imposibilitados de realizar la quiebra de los expendios de drogas, porque en el proceso de conseguir una orden de allanamiento (tal y como lo manda el nuevo Código Procesal Penal), aparte de que se les va mucho tiempo (a veces hasta cinco días), se escapa información y los expendedores logran descargarse de la droga y huir.

“Una vez vino una señora a reclamarnos que por qué íbamos a allanar su casa, y nosotros ni siquiera teníamos la orden judicial, así no van a funcionar jamás las cosas”, se quejó Aburto. Ya antes, la misma queja había expresado el jefe de Seguridad Pública de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), Lee Edwin.

Pero el sistema judicial, que a los ojos de Puerto Cabezas pareciese mostrarse benevolente ante los casos de drogas, va más allá de los soplones o informantes, al descubrir la Fiscalía Regional que se han perdido expedientes judiciales sobre el tráfico de drogas.

El fiscal Douglas Vargas Flores dijo que él mandó a solicitar un inventario de todos los expedientes sobre el tráfico, consumo y venta de estupefacientes, porque en ocasiones en que ha pedido información sobre determinado expediente, le dicen que el documento no existe.

Según él, “la desaparición” de expedientes se pudo haber dado desde diciembre del año pasado, cuando se hizo el cambio del sistema inquisitivo al Código Procesal Penal.

“Esos hechos ocurrieron antes del mes de diciembre, el Poder Judicial para hacer el traspaso a este nuevo código, hizo un inventario; ese inventario, puesto en manos del juez por ministerio de ley, nosotros nos hemos encontrado con la falta de algunos expedientes que tienen que ver con el narcotráfico; hace más de 15 días entregamos una lista de expedientes a los Juzgados porque queremos que nos permitan copias de las sentencias, y nos permitan copias de los expedientes”, señaló el fiscal.

“Lo que queremos es una reacción del Poder Judicial y que nos digan de una vez: señor, este expediente ya no existe, porque hemos pedido varias veces un expediente y éste nunca está, si no existe, vamos a verificar qué paso con esos expedientes, en qué momento se perdieron, si fue en el traspaso, y en manos de quién estaba la responsabilidad de la custodia”, expresó Vargas, quien anunció una investigación sobre el caso.

“En función de eso vamos a investigar, porque nos llama la atención que están muchos casos de drogas relacionados con los expedientes faltantes; estamos pidiendo ese inventario para que nos respondan qué pasó con los expedientes”, reiteró Vargas, haciendo énfasis en que son expedientes pendientes de proceso.

JUEZ ÚNICA: “ES PROBLEMA DE TODOS”

Para la Juez Único de Distrito de Puerto Cabezas, Sara María Espinoza Hooker, en estas denuncias y acusaciones hay más que simples actos de corrupción de funcionarios judiciales, y se enmarca en un problema global del sistema judicial.

“Son problemas dentro del sistema, la administración no recae sólo sobre el juez, es un equipo, donde están la Policía, los secretarios y la misma Fiscalía”, dice la judicial, señalando que a veces los casos se caen porque las autoridades no presentan las pruebas y peritajes a tiempo.

“Hay más esmero de la Policía en darle trámite a los casos más importantes, algunas veces los resultados de peritaje nunca llegan a tiempo”, señaló la judicial.

Agregó que, en relación con la pérdida de expedientes que señala la Fiscalía, se hizo un inventario de expedientes cuando se hizo la separación del sistema inquisitivo con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, “pero antes de eso yo había solicitado a la Inspectoría de la Corte Suprema de Justicia (que llegara al lugar), porque había problemas con el personal”.

Según ella, fallas en el sistema judicial son debido a debilidades de personas específicas, pero no de todo un sistema de Juzgados.

¿QUIÉN ES EL CULPABLE?

“La corrupción es muy dada, creo que los más susceptibles son el personal que está afuera, un juez no puede controlar todo desde su despacho, es más, siendo éste un Juzgado Único, imagínese la capacidad de causas”, señaló la Juez Único de Distrito de Puerto Cabezas, Sara María Espinoza Hooker.

“¿Qué pasa? La Corte en su Ley Orgánica dice que los secretarios son los responsables de la custodia de todos los documentos de los despachos judiciales, y entre ellos se encuentran los expedientes judiciales; hay sanciones para ellos, hay responsabilidad para ellos, no voy a jurar, pero hay algunos secretarios que lo pudieron haber hecho, puede haber documentos desaparecidos por cuestiones de influencias, pero hago responsable al propio sistema, porque la Ley Orgánica habla de un archivador, que todos los despachos judiciales deberían tenerlo, y una bodega, para llevar un control estricto”, se quejó la judicial, pero admite la pérdida de documentos.

“Sí, se han perdido expedientes y la Corte lo sabe, el Juzgado de Distrito ha sido un Juzgado que se ha movido en diferentes causas, aquí han habido muchos jueces, y muchos no han hecho entrega formal, hay cantidad de casos considerables que se han perdido”, reiteró la juez Espinoza.  

Puede interesarte

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí