- Ediles de Totogalpa y Yalagüina pretenden cobrar impuestos por obra financiada con donación sueca
Consuelo Sandoval [email protected]
La cooperación del gobierno de Suecia podría estar en riesgo ante la aparente intransigencia de los alcaldes de Totogalpa y Yalagüina, quienes promovieron el apremio corporal contra un representante de ese país en el proyecto de rehabilitación de la carretera Yalaguina-Las Manos, supuestamente por el cobro de impuestos de un millón de córdobas a la obra financiada con una donación sueca por un monto 38.5 millones de dólares.
El ministro de Construcción y Transporte, Pedro Solórzano, denunció que los alcaldes de Totogalpa y Yalaguina, Ermicenda Díaz y Uriel Arnoldo Cruz Tercero, respectivamente, “reconocidos por su trayectoria arnoldista”, se han confabulado con algunos jueces para que dictaran apremio corporal contra el representante sueco, y se han empecinado en cobrar el millón de córdobas, pese a que suscribieron un compromiso para no gravar ese proyecto que favorece a sus propios habitantes.
REHABILITACIÓN DE CARRETERA SUSPENDIDA
La obra de progreso tuvo que haber concluido la semana pasada, pero debido al presunto revanchismo político de ambos munícipes, la inauguración tuvo que ser suspendida, se quejó Solórzano.
“Es lamentable, porque estos dos alcaldes habían firmado sendos compromisos para no cobrar el uno por ciento. Me preocupa porque se ha venido una ola de revanchismo, pareciera que padecen de un ataque de celos, porque al parecer los alcaldes arnoldistas no soportan que el presidente Bolaños esté inaugurando obras de progreso por todos los puntos cardinales de Nicaragua”, declaró Solórzano.
Advirtió que el embajador sueco, Klas Markensen, está “preocupadísimo” porque el proyecto tenía que haberse terminado hace dos semanas, y sobre todo por el apremio corporal contra uno de sus ciudadanos.
Relató que el ocho de enero de 1998, el gobierno suscribió un acuerdo de donación con la agencia sueca ASDI, para la ejecución del proyecto, y Nicaragua a través de los alcaldes se comprometió a no gravarlo con el impuesto del uno por ciento.
Los compromisos suscritos por los ediles el 12 de septiembre de 2002, estipula que “Quedará el contratista exonerado de impuestos, incluyendo los impuestos municipales”, no obstante, iniciaron una demanda ejecutiva con acción de pago de impuestos municipales contra el representante de la compañía sueca NCC, John Lindtjörn, que dirigía la ejecución del proyecto social, aduciendo que era una exigencia de sus concejales.
LA PRENSA intentó obtener la reacción de los dos alcaldes, sin embargo, fue imposible localizarlos porque la señora Díaz no se encontraba en la Alcaldía, y el número telefónico de la municipalidad que dirige el alcalde Cruz Tercero no aparece en la guía telefónica.
