- En el Juzgado Segundo de Distrito de Managua, son procesados por varios delitos el ex registrador público de la Propiedad de Matagalpa, cuatro abogados, gestores fiscales y otras personas
Luis Eduardo Martínez M.CORRESPONSAL /[email protected]
El ex registrador público de la Propiedad de Matagalpa, cuatro abogados, dos gestores fiscales y otras seis personas, están siendo procesadas en el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, por la supuesta comisión de diversos delitos relacionados con los conflictos de propiedad en este departamento norteño.
El caso se originó con la supuesta falsificación de una escritura pública de compra venta sobre la finca El Hular, de 700 manzanas de extensión, propiedad sobre la que se han realizado al menos 64 desmembraciones ilegales, partiendo de la escritura presuntamente falsificada.
De acuerdo con investigaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, remitidas al Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, en el caso están involucrados el ex registrador público de la Propiedad de Matagalpa, Armando Castro Flores, y los abogados y notarios Alejandro González Rosales, María Dolores Martínez Martínez, José del Carmen Acuña Valdivia y María Alejandra Argüello Balladares.
También se menciona a los gestores fiscales Luis Enrique Ñurinda y José Gabriel Reyes, además de Manuel Antonio Orozco García, Ramiro Arnoldo Cordero Hernández (presunto cuñado de Ñurinda), José Daniel Martínez Sotelo (Director de Catastro Fiscal de la Administración de Rentas de Matagalpa), Francisco Lemus Méndez, José Javier Blandón Méndez, Mario Martín Pravia Martínez y Roberto Prado.
FALSIFICACIONES
En el expediente judicial número 1324–2002, del Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, rola la escritura número 252, supuestamente autorizada por el notario José David Zúñiga Avellán, mediante la cual el Banic, a través del ex gerente regional de esa entidad, Raúl Cardoza, vendió la finca a Manuel Antonio Orozco García, por la irrisoria suma de diez mil córdobas.
Posteriormente, por escritura número tres, autorizada el tres de enero de 2002, por el notario Alejandro González Rosales, Orozco García vendió la propiedad a Ramiro Arnoldo Cordero Hernández, también por diez mil córdobas. Cuatro días más tarde, el siete de enero, se inscribió la escritura número 252 ante el Registro Público de la Propiedad de Matagalpa.
Entre las “marañas” investigadas, además de la falsificación de sello, firma y rúbrica del notario Zúñiga Avellán, en el proceso judicial también se investiga la supuesta falsificación de avalúos catastrales, la hoja de solicitud ante el catastro fiscal y recibos fiscales.
Partiendo de la escritura autorizada por el notario González Rosales, la notario María Dolores Martínez Martínez se encargó de realizar 63 desmembraciones de la finca, la mayoría a favor de socios de la sociedad “Productores Consolidados”. Mientras tanto, el abogado José del Carmen Acuña Valdivia también realizó una desmembración.
DELITOS
En sus investigaciones, remitidas al Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional concluyó que los procesados son presuntos autores de los delitos de falsificación de documentos públicos y auténticos, estelionato, estafa, asociación e instigación para delinquir.
– La finca El Hular está en posesión de cuatro grupos que mantienen conflictos entre sí. Varios de los poseedores tienen “cartas de asignación” emitidas por la Oficina de Titulación Rural (OTR).
HISTORIA DE EL HULAR
El Hular, de 700 manzanas de extensión y ubicada en el kilómetro 150 de la carretera Matagalpa–El Tuma–La Dalia, en la jurisdicción de este último municipio, originalmente perteneció a Noel Pallais Debayle, a quien le fue confiscada durante el régimen sandinista.
Posteriormente, la propiedad pasó a manos de supuestos trabajadores aglutinados en la sociedad “Productores Consolidados”, la que contrajo obligaciones con el desaparecido Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), que finalmente se adjudicó la finca en fecha dos de octubre, mediante venta judicial autorizada por la doctora Eveling de Jesús González Betancourt, Juez de Distrito Civil de Matagalpa.
