Sin dudas que lo ideal sería que pudiésemos tener en Nicaragua un Poder Judicial como lo propone el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes): eficiente, operativo e independiente; con una Corte Suprema dedicada exclusivamente a impartir justicia y un Tribunal Constitucional para dirimir los conflictos entre los poderes y dictaminar la inconstitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y decretos antes de ser promulgados; con un Consejo de Estado para resolver rápida y oportunamente los problemas del contencioso administrativo; con un Consejo Superior de la Judicatura que atienda la administración técnica del Poder Judicial, canalice las propuestas para escoger a los magistrados y jueces, dirija la Escuela Judicial y administre la Carrera Judicial; y con un procedimiento transparente y honesto de escogencia de los magistrados en el que los partidos y los políticos a título personal sólo intervengan para confirmarlos en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, para que eso se convierta en realidad sería necesario que el Poder Judicial tuviese el presupuesto apropiado y sobre todo que se pudiera escoger a los magistrados a base de propuestas de las corporaciones profesionales competentes —asociaciones de juristas, escuelas de derecho, organizaciones de jueces—, sin tener en cuenta para nada los “méritos” políticos y partidistas. Es decir, un Poder Judicial como son en los países avanzados, inclusive en aquellos latinoamericanos que están un poco más adelante que Nicaragua.
Pero eso no es posible hacerlo aquí, salvo que hubiese una reforma constitucional que transformara completamente el Capítulo V (Poder Judicial) del Título VIII (De la Organización del Estado) de la Constitución Política de la República; y a menos que se pudiera cambiar a todos o a la mayoría de los diputados de ahora, que están al servicio de sus partidos, de sus caciques y sus intereses personales, no de la República, ni de la sociedad ni de los ciudadanos.
El año pasado se presentó la magnífica oportunidad de cambiar a los actuales diputados, cuando el ex presidente Arnoldo Alemán se atrincheró en la Asamblea Nacional para evadir la justicia y se le tuvo que echar prácticamente por la fuerza. Entonces se hubiera podido disolver la Asamblea Nacional y convocar de inmediato a elecciones parlamentarias bajo un nuevo procedimiento que garantizara el voto directo de los ciudadanos y la escogencia de mejores representantes del pueblo.
Pero el presidente Bolaños no lo quiso hacer y de nada sirve lamentarse por la leche derramada. Y la verdad es que ahora ni siquiera es posible que los cinco magistrados que faltan y los cuatro que terminarán sus períodos en septiembre próximo sean seleccionados como lo propuso el presidente Enrique Bolaños: Introducir los nombres de todos los candidatos precalificados en una urna y sacar al azar a los escogidos. No es posible porque esto no le conviene a los diputados ya que no podrían nombrar directamente como magistrados a quienes sean del interés de sus partidos y de ellos mismos. Por eso se han burlado de la propuesta presidencial —a pesar de su racionalidad— diciendo que de esa manera cualquier bergante podría ser magistrado, pero lo cierto es que saldrían de entre los mismos candidatos ya propuestos que supuestamente reúnen todos los requisitos constitucionales.
Por otro lado, tampoco es posible —porque no lo aceptan los diputados— reducir el número de magistrados a siete u once, para ahorrar la gran cantidad de dinero que se despilfarra anualmente en la excesiva cantidad de 16 jueces supremos que impusieron Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en el pacto libero-sandinista de 1999 y la reforma constitucional de 2000.
De manera que ante esta realidad que no se puede cambiar —al menos por ahora— lo que deberían hacer el Presidente de la República y los diputados Azul y Blanco es involucrarse en la negociación por la escogencia de los magistrados, no dejar que los diputados arnoldistas y sandinistas se repartan —cinco para uno y cuatro para el otro— las nueve magistraturas, sino buscar cómo obligarlos a hacer una escogencia balanceada en la que por lo menos se pudiesen conseguir tres magistrados independientes, confiables, no partidistas, íntegros. O en última instancia para denunciar desde adentro los entretelones de la comercialización libero-sandinista de los nuevos magistrados.
