- Libre también su esposa y otros 15 ex guerrilleros, así como ocho ex militares golpistas “carapintadas”
AP/EFE)
BUENOS AIRES.- El ex jefe guerrillero argentino Enrique Gorriarán Merlo, condenado a cadena perpetua por un violento ataque contra un cuartel militar en 1989, recuperó la libertad, ayer, gracias a un indulto del presidente Eduardo Duhalde.
El perdón presidencial abarcó también a ocho ex militares —de los cuales el más conocido es Mohamed Alí Seineldín— y 17 ex guerrilleros, entre ellos la esposa de Gorriarán, Ana María Sívori, y el ex sacerdote Antonio Puigjané.
El indulto se basó en el objetivo de “contribuir a recrear un clima de paz social y reconciliación entre los diferentes sectores que componen la comunidad argentina”.
“Por ahora quiero ver a mi familia, a mis amigos”, dijo a periodistas al ser el primero en salir del penal de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires.
Luego de considerar que su liberación fue “un acto de justicia”, sostuvo que por el momento piensa vivir en la capital argentina, y anunció que el próximo jueves tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa “para responder todas las preguntas” que quieran hacerle.
Hace dos semanas había iniciado una huelga de hambre, la tercera que realizó en prisión mientras cumplía una condena a reclusión perpetua, para reclamar su libertad durante los últimos ocho años.
Gorriarán Merlo, de 62 años, es uno de los pocos sobrevivientes del disuelto Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una organización armada de ultraizquierda que actuó durante la década de los setenta.
Fue condenado por encabezar junto al Movimiento Todos por la Patria (MTP) un sangriento ataque a un regimiento del ejército en enero de 1989. Pero recién fue encarcelado en 1995 tras ser extraditado desde México, donde se encontraba prófugo.
A él se atribuye la planificación y ordenamiento del grupo que en 1980 dio muerte al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción del Paraguay.
LOS CUATRO GOLPES DE LOS “CARAPINTADAS”
Seineldín, de 68 años, fue uno de los líderes de un grupo de militares nacionalistas conocidos como “carapintadas”, quienes protagonizaron cuatro golpes de Estado fallidos entre 1986 y 1990 contra los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Unos meses atrás había obtenido un permiso legal para salir a trabajar pese a su detención.
La decisión de Duhalde, conocida apenas unos días antes de entregar el poder al presidente electo Néstor Kirchner, ha provocado encendidas polémicas en el país, donde continúan abiertas las heridas que dejó la sangrienta dictadura militar de 1976 a 1983.
En su defensa, Duhalde argumentó su decisión afirmando “ya no existe en la Argentina esa política con armas en la mano, con enfrentamientos. Es una etapa pasada que debemos clausurar”.
Esto contradice la posición tomada por Duhalde contra las leyes de amnistía de Alfonsín, que cerraron las causas contra ex militares y los indultos dictados por Menem en 1990, que devolvieron la libertad a los jerarcas de la dictadura en la que desaparecieron 30,000 personas, según grupos de derechos humanos.
En los fundamentos de los tres decretos presidenciales de indulto, que fueron publicados ayer en el Boletín Oficial del Estado, se alegó la necesidad de “restañar viejas heridas del pasado” con la perspectiva de que “la reconciliación entre los argentinos es condición necesaria para la paz”.
