La complicidad de algunos mandos policiales con el narcotráfico podría, en caso de ser comprobada, ser el peor escándalo de corrupción de los últimos tiempos después de la piñata sandinista, las quiebras bancarias fraudulentas, los checazos y la guaca de Byron Jerez y Arnoldo Alemán.
Al respecto los reportajes de LA PRENSA sobre el tráfico de droga en la Costa Atlántica, elaborados por Freddy Potoy (jefe de información), Sergio León (corresponsal en el Atlántico Sur), Walter Treminio (corresponsal en el Atlántico Norte), Heberto Jarquín (corresponsal en el Triángulo Minero) y Francisco Larios (reportero gráfico), han sacado a luz los entretelones de esa actividad criminal y han puesto en evidencia la complicidad de algunos mandos y agentes policiales.
Como era de esperarse, quienes se consideran afectados por esa investigación de LA PRENSA han reaccionado de manera negativa, tratando de intimidarnos. Pero lo verdaderamente preocupante es que la autoridad correspondiente de la Policía Nacional, en vez de reconocer el aporte de nuestras investigaciones para reforzar la lucha contra el narcotráfico y limpiar la institución policial de probables cómplices, equivoca la mira y apunta contra nosotros, atentando contra el derecho a la libertad de información y queriendo intimidarnos y obligarnos a dejar de investigar.
Sin embargo, estamos seguros de que entre los altos mandos de la Policía hay quienes están interesados en que se investigue este asunto hasta las últimas consecuencias, a fin de que se castigue como es debido a quienes hubieran deshonrado el uniforme y violado el juramento de la institución. Pero también otros quieren mediatizar la investigación, ya sea para protegerse a sí mismos o porque creen que para preservar la imagen de la Policía hay que minimizar este tipo de problemas. Como sea, no deberían presionarnos para que nos abstengamos de informar hasta que ellos concluyan sus pesquisas, porque nosotros no nos debemos a los intereses de la Policía, sino al público, y por lo tanto no aceptamos ninguna censura ni estamos dispuestos a autocensurarnos.
Los mandos de la Policía Nacional —que nació en 1979 como Policía Sandinista y fue modelada ideológicamente para servir a un proyecto revolucionario partidista, del FSLN— siempre se han enorgullecido de que precisamente por ese origen los policías nicaragüenses son los más éticos de Centroamérica, y los niveles de inseguridad pública son menores aquí que en los demás países centroamericanos. Pero la verdad es que ya en la época de la revolución se denunciaron los nexos de algún comandante sandinista con los narcotraficantes, y hasta se publicó la fotografía de uno de ellos acompañado del capo colombiano Pablo Escobar, en un aeropuerto secundario de Managua. Además de que al jefe de la narcoguerrilla colombiana (FARC), Manuel Marulanda (a) “Tirofijo”, lo galardonaron con la orden del FSLN.
Por otro lado, con el mismo criterio ideológico que supuestamente constituye la base ética de la Policía, al fracasar la revolución sandinista se justificó el “derecho” a apropiarse de las propiedades ajenas como compensación a los sacrificios que hicieron durante la lucha clandestina y armada por la “liberación” del pueblo nicaragüense. Pero la “piñata sandinista” fue un gigantesco acto de corrupción, y quienes por razones políticas e ideológicas se consideraron con “derecho” a apropiarse de lo ajeno, ¿por qué no podrían ser capaces de cometer cualquier otro acto ilícito para su enriquecimiento personal?
A pesar de todo eso, generosamente la sociedad nicaragüense ha dado un voto de confianza al proceso de profesionalización de la antigua Policía Sandinista, ahora Nacional. Inclusive, prominentes empresarios privados formaron una sociedad de amigos de la Policía, para animarla moralmente y favorecerla con respaldo material.
Como sea, la Policía y el Ministerio de Gobernación, tienen que aclarar las fuertes presunciones que hay de vinculación de algunos mandos y agentes policiales con la acción criminal del narcotráfico. La ciudadanía espera que los policías sean honestos, eficientes, ecuánimes, rigurosos y firmes al mismo tiempo que prudentes y amables. Y exige que se castiguen los actos de corrupción, incluyendo la complicidad con los narcotraficantes, que no la justifica nada, ni siquiera los bajos o modestos salarios que devengan los policías y que “obliga” a algunos mandos a involucrarse en negocios particulares de diversa índole.
