Emilio Álvarez Montalván [email protected]
Al día siguiente de que el gobierno estadounidense de Calvin Coolidge reconoció como Presidente de Nicaragua a Adolfo Díaz, el 15 de noviembre de 1926, éste solicitó al Departamento de Estado intervención total de su país (full intervention). Fue su argumento la incapacidad de garantizar vida y propiedades extranjeras, y terminar con la sangrienta guerra civil. El motivo de fondo era la inestabilidad de su régimen causada por la “revolución constitucionalista”, reacción al cuartelazo de Emiliano Chamorro del 25 de octubre de 1925.
Como resultado, Juan Bautista Sacasa, Vicepresidente derrocado, se autoproclamóPresidente en Bluefields, el primero de diciembre de 1926. Esto fue después que fracasaron las conversaciones libero-conservadoras del 10 al 16 de octubre de 1926 en el barco Denver. La consecuencia de esas frustradas negociaciones fue que continuara con más violencia la contienda fratricida.
Sin embargo, hasta el seis de enero de 1927 desembarcaron en Corinto dos mil marinos, transportados en el barco USS Henderson bajo las órdenes del general Logand Feland. Eventualmente esa fuerza contó en un momento con el doble de efectivos.
Es dentro de ese contexto de precaria soberanía del Estado nicaragüense que Washington reanudó las presiones para que nuestro país entregara a Colombia el archipiélago de San Andrés y Providencia. Así consta en carta del ministro Frank Kellog a la Cancillería nicaragüense, del 21 de marzo de 1925.
Dos insólitos argumentos esgrimió Washington para gestionar la entrega de ese patrimonio nicaragüense. El primero fue el empeño de compensar a Colombia por el despojo patrocinado por el presidente Teodoro Roosevelt (1903) del territorio panameño que necesitaba para construir el canal interoceánico. Al final firmaron el Tratado Urrutia Thompson (abril de 1914 ) por el cual EE.UU. entregó a Colombia como indemnización 25 millones de dólares, y probablemente en cláusula secreta, el compromiso estadounidense de conseguir que Nicaragua cediera a los colombianos el mencionado archipiélago.
No obstante, Washington conocía las contundentes notas del ingeniero J. Andrés Urtecho (1917-1918), rescatadas por el historiador Aldo Díaz Lacayo, en las que demostraba los derechos de Nicaragua a las referidas islas. Lo esperable era que EE.UU. apoyase la propuesta nicaragüense de someter el litigio con Colombia a arbitraje internacional.
La otra motivación estadounidense era inaudita. Resulta que para entonces el gobierno colombiano había declarado caduca la concesión Barco, que autorizaba exploraciones petroleras en su territorio. Sucedió que uno de los mayores accionistas, el millonario Andrew Mellon, era secretario del Tesoro de Coolidge. Ante las pretensiones de los accionistas para que Colombia renovase el permiso, la Cancillería bogotana exigió a cambio que el gobierno estadounidense lograse que Nicaragua cediera el archipiélago de San Andrés y Providencia a Colombia. (Véase Revista Colombiana, Editorial Laureano Gómez, Circa, 1948, Bogotá).
En todo caso, en la Sexta Conferencia interamericana (La Habana, 1928), donde fue criticada severamente la intervención estadounidense en Nicaragua, el ministro Kellog ahí presente y actuando como gestor oficioso de su colega Mellon, recabó de nuestro canciller Carlos Cuadra Pasos la entrega cuanto antes a Colombia de San Andrés y Providencia. Estando por vencerse el período de Coolidge (1925-1929) querría seguramente dejar finiquitada la controversia territorial Colombia-Nicaragua.
Como se esperaba, Cuadra Pasos rehusó formalizar el traspaso, haciéndolo su subsecretario Bárcenas Meneses el 24 de marzo de 1928. La única condición que puso Adolfo Díaz fue que el gobierno siguiente (1929-1933 ) lo ratificase. Fue así como durante la administración del liberal José María Moncada, el nuevo Congreso, después de resistirse, aprobó el discutido Tratado el seis marzo de 1930, por el acoso hasta el último momento de Kellog (enero de 1929).
En estos momentos, la Cancillería de Nicaragua, continuando la posición que asumió el gobierno revolucionario en febrero de 1980 respecto al tratado Bárcenas-Esguerra, se esfuerza ante el tribunal de La Haya por revertir el despojo de las islas San Andrés y Providencia, apoyada por un equipo de experimentados asesores nacionales y extranjeros. ¿Habremos los nicaragüenses aprendido la lección que nos dejan las insensatas luchas por el poder público?
El autor es analista político.
