El periodismo de investigación que practica LA PRENSA no sólo es para denunciar el abuso y la corrupción en el Estado y de los políticos, sino también en todos los ámbitos de la sociedad, pues la corrupción es un mal integral que hay que descubrir, denunciar y perseguir donde quiera que se encuentre.
Tal es el caso de la investigación sobre el narcotráfico en la Costa Atlántica, particularmente en Bluefields, por parte de un equipo de LA PRENSA, que ha obligado a la Policía Nacional a indagar acerca de las posibles vinculaciones de algunos mandos policiales con el crimen organizado que opera en esa región.
Los miembros del equipo de LA PRENSA que hicieron la investigación y ahora le están dando un adecuado seguimiento, fueron amenazados para que no siguieran haciendo la investigación. Sin embargo nuestros periodistas han continuado desarrollando su trabajo —con el pleno respaldo institucional de LA PRENSA—, basados en el principio de que el periodismo independiente no puede renunciar a cumplir su función de servicio público a pesar de los riesgos que se corren en el ejercicio de esta profesión y responsabilidad.
Ahora bien, la noticia principal en este caso no es la narco-actividad en la Costa Atlántica. Esto se conoce desde hace tiempo, y las autoridades de seguridad pública, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, vienen combatiéndola incesantemente aunque evidentemente con resultados poco positivos.
La noticia más importante en este caso es la supuesta vinculación de algún o algunos mandos policiales con el narcotráfico, que como se sabe es muy ducho en infiltrar a las instituciones, inclusive y sobre todo policiales, y cuenta para ello con cuantiosos recursos derivados de los jugosos beneficios que produce el negocio sucio y mortal del tráfico de drogas.
Como es bien sabido, el primer deber del Estado consiste en defender la vida, la salud y el patrimonio de los habitantes del país. O sea garantizar la seguridad pública y personal de los ciudadanos, sin la cual no podría haber democracia, no sería posible la paz social y no se podría controlar la violencia y el delito en términos generales.
Pero Nicaragua es un país pobre al que le faltan recursos para todo lo que es de interés social, y de esto se aprovechan quienes tratan de justificar la expansión de la delincuencia, la debilidad de las instituciones de seguridad pública y la vulnerabilidad de algunos policías —incluyendo mandos intermedios y altos— que sucumben a la tentación del soborno y se convierten en agentes al servicio del crimen organizado.
En efecto, la lucha contra la delincuencia en general y contra la narco-actividad en particular, es muy costosa y requiere de cuantiosos recursos. Por ejemplo, Estados Unidos gastó el año pasado unos 20 mil millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico, o sea más de 600 dólares por segundo, y mucho más que los presupuestos de asistencia social alimentaria, ciencia, espacio y tecnología juntos.
Pero el narco-crimen es muy poderoso y persistente. De los casi dos millones de presos que hay en Estados Unidos entre el 22 y el 33 por ciento son por delitos vinculados con las drogas. Cada preso provoca un gasto anual de 20 mil dólares, o sea 7,600 millones de dólares, pero cuando se desmantela una red en un determinado lugar los criminales crean casi inmediatamente otro centro de poder, en un lugar distinto, y el problema continúa.
Ahora bien, una cosa es el problema de los cuantiosos recursos que se necesita invertir en la lucha contra la narco-actividad, y otra —muy diferente— es la integridad ética de los agentes y mandos de la seguridad pública. Éstos, independientemente de la cuantía de sus remuneraciones, están obligados a actuar de manera absolutamente honesta, o deberían marcharse a buscar otro empleo y otra profesión. Y quienes traicionen a su deber y su juramento de servicio deben ser rigurosamente castigados tal como manda la ley e indica la justicia.
Para eso es necesario vigilar permanentemente a los vigilantes, una tarea que LA PRENSA cumple con sus investigaciones y denuncias y que debe ser apoyada por la opinión pública, el Gobierno de la República y la misma institución policial.
