- Procuraduría anuncia re-investigación del caso y
Fiscalía pide explicaciones
Elizabeth Romero yJosé Adán Silva [email protected]
El Director General de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero, anunció ayer que la investigación policial sobre la venta irregular de los 36 vehículos propiedad del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), fue cerrada porque existe una resolución del actual director de esa entidad, Sergio Narváez, de resolver el problema por la vía administrativa.
“Eso ya está cerrado. Hay una resolución donde dice que se vendieron con todos los procedimientos establecidos, si alguien los valoró o subvaloró, ese no es un problema que le compete a la Policía, ya eso está resuelto”, agregó el jefe policial.
AGUILERA SÍ CREE QUE HUBO DELITO
Cordero sostuvo que lo único irregular que encontraron en la investigación fue que dentro del procedimiento no le informaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo establecen las normas administrativas internas, para la venta o compra de bienes estatales, “pero ese es un problema administrativo, no es un delito”.
“Es un procedimiento administrativo, no se cumplió esa parte del procedimiento, una vez que estuvieron de acuerdo, el gobierno dijo esto: se cierra administrativamente y se va a resolver de otra manera, eso queda cerrado”, insistió Cordero.
Reconoció que en este caso existen diferencias con uno de los subdirectores de la institución, el comisionado general Orlando Aguilera, quien denunció el caso ante los medios de comunicación, “porque él interpretó que éste es un delito, y no es un delito”.
Cordero aseguró que los documentos sobre la investigación fueron remitidos en su momento a la Fiscalía y la Procuraduría.
FISCALÍA Y PGR: NO HEMOS RECIBIDO DOCUMENTOS
“Ya esos documentos fueron remitidos a la Fiscalía en su momento, están en poder de ellos, si la Fiscalía me imagino no acusó fue, precisamente, porque no encontró méritos, no había delito, únicamente procedimiento administrativo anómalo”, dijo Cordero.
Tal aseveración fue negada tajantemente por el fiscal general Julio Centeno Gómez, quien rechazó el envío de los documentos, y exigió una aclaración de la Policía Nacional al respecto.
Igual lo hizo la Procuraduría General de la República, por medio de su vocero Sergio Boffelli, quien señaló que la Policía no tiene potestad para decidir si un caso se debe cerrar por falta de presunción de delito “ya que eso lo debe decidir un juez, no la Policía”.
“La Policía Nacional actúa porque nosotros introdujimos la denuncia, porque sospechamos fuertemente que había delitos, ellos debieron tener un conclusivo que pudieron presentarnos, pero no lo hicieron, no lo enviaron”, dijo Boffelli.
“La Procuraduría va a solicitar por escrito la explicación del caso, para ver si es correcto o no dar por cerrado el caso, queremos saber qué hizo la Policía Nacional ahí y por qué el IDR cree que es correcto cerrar el caso por la vía administrativa”, dijo el vocero.
