Ana Lorena [email protected]
Después de leer el artículo “Centros de masaje bajo lupa policial”, escrito por Elizabeth Romero, me doy cuenta de que los ciudadanos que desafortunadamente tenemos como vecinos a un centro de esta naturaleza estamos en la indefensión.
Se argumenta que la encargada de dar el permiso de funcionamiento es la Alcaldía de Managua, que ésta realiza una inspección y si no detecta anomalías, extiende el permiso. A menos que sean muy ingenuos, los dueños de estos centros no habilitarán las instalaciones para la prostitución antes de que lleguen los inspectores de la Alcaldía o de la Dirección General de Ingresos, a quienes sólo les interesa lo que van a recaudar.
Por otra parte, la Policía manifiesta que si no atestigua un cliente que le ofrecieron el servicio de prostitución, no pueden hacer nada. ¿Qué cliente va a exponerse ante la opinión pública atestiguando lo que le hicieron en el centro de masajes? ¿Será que la Policía no puede inspeccionar sorpresivamente a estos centros y proceder a cancelarlos?
En realidad, los ciudadanos estamos a merced de ese boleo que hacen las diferentes autoridades para no asumir sus responsabilidades de defender la moral y las buenas costumbres. ¿No será que los policías son clientes o socios de estos negocios?
