- Ex directora de Planificación del IDR se quedó con camioneta del año 2000, que fue subvalorada
Elízabeth Romero,José Adán Silva, Carlos Martí[email protected]
La actual administración del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) pretendió resolver por la vía administrativa la venta de unos 36 vehículos, propiedad de esa institución, pese a conocer que existían presunciones de anomalías en el procedimiento.
El vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Sergio Boffeli, confirmó la existencia de la carta del director ejecutivo del IDR, Sergio Narváez, dirigida al Jefe de Investigaciones Criminales de la Policía, comisionado mayor Julio González, algo que este jueves negaron autoridades de la Policía Nacional.
El fiscal general, Julio Centeno Gómez, señaló que fue la PGR la que negoció extrajudicialmente el caso de corrupción con las partes involucradas en el escándalo.
“La que menos tuvo que ver en este caso fue la Fiscalía”, dijo Centeno, quien señaló que la carta publicada ayer en la LA PRENSA, firmada por el ex director del IDR, Sergio Narváez, “es la mejor aclaración a esta información”.
En la carta, Narváez le manda a decir a González, que después de analizar el caso con la PGR, acordaron resolverlo de manera administrativa.
Sergio Narváez se negó a recibir a los periodistas ayer, y su vocero prometió avisarnos cuándo nos concedería la entrevista que le solicitamos.
Boffeli recordó que la Policía Nacional inició las investigaciones debido a una denuncia que le presentó la Procuraduría el primero de marzo del año pasado.
En su denuncia, la PGR indicó al jefe de la DIC que recibió “de parte del Departamento de Asesoría Legal del Instituto de Desarrollo Rural, una documentación que refleja la venta de 28 vehículos propiedad del IDR a favor de ex funcionarios de dicha institución, violando los procedimientos legales y en detrimento del patrimonio del Estado de Nicaragua”.
Centeno relató que luego la Fiscalía se personó en la investigación, por medio de la entonces fiscal Uri Toruño, quien encontró presunción delictiva en el caso.
“Ella dijo: ‘Vamos a acusar, porque aquí hay méritos delictivos para acusar’, pero de repente sale la Procuraduría y el director de IDR: ‘No señor, esto lo arreglamos aquí nosotros, ya nos estamos entendiendo con las partes’, dijeron”, explicó Centeno.
Pero Bofelli presentó una carta fechada en enero del presente año, dirigida al jefe de la DIC, mediante la cual la secretaria ejecutiva de esa institución, Diana Avendaño, aclara que hubo una reunión donde se abordó el tema, y a la cual también asistieron representantes de la Fiscalía. Además, en la misma solicita a González que continúe con las investigaciones del caso.
NO APARECE CONCLUSIVO
El jueves, el subdirector de la Policía, comisionado general Orlando Aguilera, refirió que las investigaciones sobre el caso estaban en poder de la Fiscalía, y que existían suficientes elementos de prueba para presentar acusación en los Juzgados correspondientes.
No obstante, tanto la Procuraduría como la Fiscalía alegaron desconocer el conclusivo de esas investigaciones.
Centeno aseguró que González reconoció que nunca envió los informes de investigación a la Fiscalía, y que por eso les pidió disculpas ayer.
Centeno anunció que solicitará al jefe de la DIC que le envíe “todo lo que al respecto se investigó, y si no se dieron estos acuerdos económicos, vamos a proceder como la Ley manda”.
PROCURADURÍA APOYARÁ ACUSACIÓN
Boffeli consideró que de existir un conclusivo de la Policía que indique que hay presunciones de responsabilidad penal en el caso, la Procuraduría está dispuesta a acompañar a la Fiscalía en la acción penal.
Aunque ninguna de las autoridades saben de un conclusivo de la Policía, LA PRENSA conoció un documento confidencial que elaboró esa institución sobre el caso, mediante el cual destaca que entre enero y julio de 2001, el director ejecutivo del IDR, Oswaldo Rafael Arteaga Montenegro autorizó la venta de 20 vehículos a funcionarios, empleados y personas particulares, cuyos nombres aparecen en el mismo.
Arteaga indicó, al ser consultado ayer, que esos vehículos pertenecieron al desaparecido Ministerio de Acción Social, y eran autos viejísimos, con más de cinco años de uso en diferentes zonas rurales del país, donde se ejecutaron proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea.
“Lo que llegó fue una pelota de sarro. Pero no fueron vehículos destinados para proyectos”, dijo Arteaga.
Esta venta, dijo, fue autorizada por la Junta Directiva de esa institución estatal, supuestamente con el visto bueno del BID y de la Unión Europea.
El diputado Eduardo Mena, ex Presidente Ejecutivo de esa institución, señaló que nada tuvo que ver en esa venta de vehículos, “porque yo salí antes para irme a la campaña de diputado, usted no puede decir que fue mi administración”.
Sin embargo, reconoció que durante su administración se vendió “una chatarra de la Unión Europea con autorización de ésta, pero yo salí, no es como ustedes lo plantean en el diario, yo salí casi siete meses antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, a la hora de vender los otros vehículos ni siquiera estoy”, declaró Mena.
Sin embargo, LA PRENSA conoció que de los vehículos vendidos, únicamente dos automotores son de 1992 y uno de 1993. El resto son de 1994, 1996,1998, 1999 e incluso uno de 2000, una camioneta Toyota adquirida por la ex directora de Planificación, Hilda Zúñiga Mayorga, quien en el período de julio a diciembre de 2001 también autorizó la venta de otros 11 vehículos.
Zúñiga dijo ayer que, sobre esa venta, prefiere que sea la actual administración la que dé las explicaciones.
“Nada tengo que decir… que sean las actuales autoridades que lo digan, todo está bien documentado”, insistió Zúñiga, al otro lado del teléfono.
Sin embargo, se conoció que la camioneta Toyota, placa 189-088, año 2000, fue comprada por el IDR en la Casa Pellas, y pagada con el cheque número 20221 por el valor de 27 mil 9990 dólares.
La camioneta fue nacionalizada y exonerada del pago de impuesto mediante la franquicia aduanera número 63-26/99, que establece que el vehículo se encuentra prendado por un período de tres años, pero el 19 de junio fue liberado por la Asesoría Legal de la Dirección General de Aduanas, violentando la Ley 42, sobre Contrabando y Defraudación Aduanera.
Además, según las investigaciones policiales, el vehículo fue cancelado de forma irregular, porque le disminuyeron los costos al vehículo, mediante cálculos de depreciación elaborados por el departamento de contabilidad de forma retroactiva, de diciembre de 1999 a julio de 2001, por un monto de 9,796 dólares.
La Policía señala en sus investigaciones que 8,196 dólares fueron deducidos de los costos del vehículo en cuotas mensuales de 683 dólares, a favor del pago de vehículos por el concepto de pagos por kilometraje y mantenimiento de los mismos, pero no existen soportes de esta operación.
DEBIERON SUBASTARLOS
El embajador de la Comisión Europea para América Latina, Giorgio Mamberto, dijo: “Es posible que en los años noventa hayamos donado no sé cuántos vehículos al IDR u otra institución del Estado, a partir de ese momento ellos hacen lo que quieren… Necesitaría más información para opinar algo… Normalmente cuando se hace una venta de bienes públicos, se hace una venta pública, una subasta, una cosa así, en este caso no sé”.
