Luis Eduardo Martínez M.CORRESPONSAL /[email protected]
Los acuerdos gubernamentales suscritos con grupos de desmovilizados de distintas denominaciones, a partir de 1990, en la mayoría de los casos no han sido cumplidos.
“Hemos venido gestionando ante la Intendencia de la Propiedad y la Oficina de Titulación Rural (OTR) la titulación de más de 80 fincas en poder de los ex combatientes de guerra, tanto del Ejército como del Ministerio de Gobernación y de la Resistencia Nicaragüense. Estas fincas son ocupadas por estos sectores desde 1990, y a pesar de las múltiples gestiones realizadas, no hemos obtenido respuestas claras y concretas”, expresó Castillo.
De estas 82 fincas, a través del acuerdo presidencial número 149–2000, el presidente Arnoldo Alemán Lacayo autorizó al Procurador General de la República para que compareciera ante la Notaría del Estado a suscribir escrituras de compra venta, a favor del Estado, de 30 fincas en Jinotega, una en Managua y otra en Nueva Segovia, a razón de dos mil córdobas por manzana, para que, una vez tituladas a favor del Estado fueran asignadas en administración a la OTR para su posterior titulación.
Según Castillo, los ex combatientes de guerra atendidos por Fundex tienen constancias de asignación, extendidas por el desaparecido Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) y la misma OTR, sin embargo, la titulación no ha sido efectiva.
De las 32 fincas adquiridas, luego del Acuerdo Presidencial 149–2000, seis no han sido tituladas a favor del Estado por la falta de pago de impuestos de transmisión de propiedad. Estas fincas son: Los Cocos, Santa Rosa, La Florida y Yamales, en el municipio de Wiwilí; El Arco, en Yalí, y Las Nubes, en Pantasma.
La falta de titulación de las fincas Los Cocos y La Salvadora —ésta última en el municipio de Jinotega— pone en riesgo el proyecto de construcción de 70 viviendas en beneficio de las familias que poseen esas propiedades. En el caso de La Salvadora, los 35 beneficiarios del proyecto que financiaría el organismo Ayuda Obrera Suiza (AOS), poseen cartas de asignación emitidas por el INRA desde abril de 1998, explica Castillo.
En el caso del departamento de Matagalpa, Castillo dijo que los mayores conflictos se han presentado en las fincas Ranchería, en Muy Muy; La Medalla, en La Dalia; La Martina, en Darío; Santa Josefina y La Granja, en Matagalpa; Las Nubes y Palmerola, en Paiwas; Jordania, en Matiguás, y Los Milagros, en El Tuma-La Dalia, propiedades que son reclamadas por los ex combatientes de guerra.
Mientras tanto, desmovilizados del Frente Unido Andrés Castro (FUAC), Frente Norte 380 (FN 3-80) y del Frente Nacional Ramón Raudales (FNRR), quienes depusieron sus armas en 1997, ante el Ministerio de Defensa, reclaman al Gobierno por el incumplimiento de más del 90 por ciento de los acuerdos suscritos con ellos, referidos a la entrega y titulación de propiedades.
En diversos escritos enviados a funcionarios de Gobierno, estos grupos aseguran que han sido encarcelados por defender sus precarios derechos de posesión sobre las propiedades que fueron objeto de los acuerdos con el Gobierno, las que, en su mayoría, pertenecen al Estado, y que “con tráfico de influencias y el apoyo incondicional de ciertos funcionarios públicos, sus antiguos dueños se empecinan en recuperar con claro perjuicio al patrimonio estatal”.
Los mayores conflictos que tienen los grupos del FUAC, FN 380 y el FNRR, son los litigios por las propiedades Holanda, ubicada en Camoapa, Boaco; finca Dos Potrillos, ubicada en la comarca Cerro El Caballo, municipio de Muy Muy, Matagalpa, y la finca Bul Bul, en el municipio de Matiguás, en Matagalpa.
Sin embargo, también reclaman la pronta titulación de las fincas La Perla, La Esperanza, Las Vegas y Las Camelias, a favor del FN 3–80, y a favor del FUAC, las fincas San Ramón del Paraíso, San Pedro del Pache, San Antonio, Las Delicias, Las Mercedes, Vijagua, San Pedro y finca Sin Nombre.
