Dra. Yamila Karim Conrado
En LA PRENSA del sábado tres de mayo del año en curso, en las páginas interiores aparece un titular de noticia que dice: “R.N. promueve denuncia contra ex funcionarios”, en la cual se me alude directamente, señalándome que en mi calidad de ex intendente de la propiedad, en conjunto con el Lic. Marcos Centeno Caffarena (ex director de Titulación Rural) y el señor Walter Calderón, se hicieron asignaciones de títulos de Reforma Agraria, en forma “anómala y fraudulenta”.
Con el derecho que me asiste, solicito aclare dicha información en vista de que la verdad es la siguiente: La asignación de títulos de Reforma Agraria por Ley corresponde a la Oficina de Titulación Rural (OTR) adscrita a la Intendencia de la Propiedad. Dichas oficinas tienen un Comité de Selección de Beneficiarios, dentro del cual se escucha la opinión de los dirigentes de los desmovilizados, quienes tienen a su cargo acreditar el carácter de los posibles beneficiados mediante documentación que ellos mismos emiten.
La intendente de la Propiedad mediante Acuerdo Ministerial tiene como función firmar los títulos una vez que dicho comité aprobaba la asignación correspondiente. No es atribución de la intendente escoger o señalar beneficiarios, puesto que le son desconocidos y no era de mi competencia.
En octubre y noviembre del año dos mil, algunas personas de la Resistencia pusieron en conocimiento de la Intendencia de la Propiedad que dentro de las listas de beneficiarios se había incluido por los mismos dirigentes parcelas a favor de anteriores dueños de las propiedades asignadas.
La queja se tramitó ante el Comité Interinstitucional de la Propiedad, del cual formaba parte una delegada de la Procuraduría General de Justicia, habiéndose decidido solicitar por medio de ésta la nulidad de dichos títulos mediante demandas ante los tribunales jurisdiccionales que son los competentes para estos casos. Desde entonces, en mi calidad de intendente señalé el abuso cometido por quienes trafican con el problema de la propiedad invadiendo tierras para luego venderlas y volver a invadir en otro lugar para conseguir títulos a nombre de parientes cercanos o familiares y allegados.
La denuncia de parte del señor Reinaldo Espinal Aguilera, de hechos que ya fueron denunciados en su oportunidad, no es más que una maniobra politiquera promovida por asesores políticos del Gobierno actual ya conocidos, que tratan de demeritar la labor de Titulación tanto urbana como rural del Gobierno anterior.
El señor Espinal Aguilera no ha mostrado interés por los raquíticos índices de titulación tanto urbana como rural de la actual Intendencia de la Propiedad, que se ha convertido en una institución inoperante.
Ex intendente de la Propiedad.
