- Se aburrieron de esperar a que el magistrado Rivas les pase los libros de contabilidad del PLC durante las pasadas
elecciones
José Adán Silva [email protected]
La Contraloría General de la República “dobló su rey” ayer, y decidió acudir ante la Asamblea Nacional para que obliguen al Consejo Supremo Electoral a entregar los libros de contabilidad que el Partido Liberal Constitucionalista utilizó en las pasadas elecciones, los cuales se necesitan para terminar la auditoría por delitos electorales que ordenó hace ocho meses la juez Juana Méndez.
La semana pasada el presidente de la Contraloría General de la República (CGR), Francisco Ramírez, denunció que el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, no había entregado los libros contables del PLC que ellos guardan en su poder desde el año pasado, a pesar de innumerables cartas enviadas por los contralores.
En defensa del CSE salió el director de Atención a Partidos Políticos, Julio Acuña, quien aseguró haber enviado copias de los libros a la CGR, desde la semana pasada.
Sin embargo la información fue negada por Ramírez, quien ayer dijo que la CGR no iba a seguir esperando a que Rivas les mandara los libros, y que por lo tanto recurrirían al auxilio de la juez Juana Méndez, y que esta semana recurrirían ante la Asamblea Nacional a pedirle que obligue a los magistrados electorales a entregar dichos libros, los cuales fueron entregados por el ex financiero del PLC, Miguel Ángel García.
INFORMACIÓN SIN DETALLE
Ramírez dijo que el CSE sólo les envió una copia de la página mayor de los libros, donde no están los registros auxiliares de los ingresos, egresos, detalles y otra información más precisa.
“Nosotros necesitamos todo, no el asiento de diario. Por eso le comunicaremos a la señora Méndez el porqué del retraso de la auditoría; también enviaremos una carta a la Asamblea Nacional para vean qué pueden hacer, ya que el CSE prácticamente está obstaculizando la justicia al negarnos la información que estamos requiriendo por mandato judicial”, dijo Ramírez.
La orden judicial para que se haga la auditoría a las cuentas del PLC data desde el nueve de septiembre del año pasado, cuando la juez Méndez dictó sentencia del caso de “la huaca”, y mandó a que se hiciera una auditoría sobre los gastos electorales del PLC, para determinar si hubo o no delitos electorales.
En este caso, Méndez deberá determinar si existe culpabilidad o no del presidente Enrique Bolaños y del vicepresidente José Rizo, en la comisión de delito electoral, según denuncia y acusación de la Fiscalía General de la República.
