- Incluye a Yamila Karim, Marco Centeno Caffarena y Walter Calderón “Comandante Toño”
Ary Neil Pantoja [email protected]
La Procuraduría Penal de la Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia de parte del presidente de la Asociación Nacional de la Resistencia Nicaragüense (ANRN), Reynaldo Espinal Aguilera, en contra de la ex intendente de la Propiedad, Yamila Karim Conrado, y del ex director general de la Oficina de Titulación Rural (OTR), Marco Centeno Caffarena.
La denuncia incluye a Walter Calderón (a) “Comandante Toño”, quien funge como administrador o representante del Programa Especial de Desmovilizados, y a quien el gobierno ha señalado de promover e impulsar las tomas en la finca “La Pineda” y en el desaparecido ingenio “Victoria de Julio”, conocido ahora como Agroindustrial Azucarera S.A. (Agroinsa).
Según el denunciante, Karim, Centeno y Calderón actuaron de forma “fraudulenta y anómala” para evitar que los desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense (RN) tuvieran acceso a las tierras que les prometió el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro a cambio de que depusieran las armas.
“En 1998, el gobierno compró tierras a la banca privada y nacional en propiedades que estaban con cuotas vencidas de sus dueños. Las gestiones referentes a las asignaciones de tierra fueron realizadas por el señor Walter Calderón, a quien la Oficina de Titulación Rural le entregaba las cartas de asignación para que las propiedades fueran ocupadas por desmovilizados”, dice parte de la denuncia.
Agrega que “en muchas ocasiones (los desmovilizados) tomaron posesión de las tierras, pero en otras no… Las asignaciones, en muchos casos, fueron revocadas por el licenciado Marco Centeno Caffarena por solicitud de Walter Calderón, y reasignadas a los anteriores dueños de las propiedades”.
Según Espinal, “en el listado de los nuevos signatarios de las propiedades figuran las esposas, hijos y familiares cercanos de los ex dueños de las tierras…Tales actos se hacían para disimular los actos fraudulentos con respecto a la venta y asignación de tierras”, expresa el denunciante.
“Los miembros de la RN no tenían conocimiento de la existencia de títulos a favor de los ex dueños ni de las revocaciones de cartas de asignación, ya que éstas eran manejadas únicamente por los tres denunciados”, concluye la queja recibida por la procuradora auxiliar penal, Carolina Vásquez.
