Eduardo Enrí[email protected]
Dicen que a problemas complejos, soluciones simples. Y eso es lo que tenemos ante nuestras narices con el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a los que se les está venciendo su período.
Con el Pacto de los Caudillos del año 2000 la Corte fue inflada a 16 magistrados, después que tenía 12. Esos 12, a su vez, fueron el resultado de otra “inflamación” durante las reformas constitucionales de 1995. Antes eran nueve. Todos esos agregados a la Corte han sido innecesarios, y como en la práctica ha quedado probado, sólo responden a amarres políticos y no a un interés de que la Justicia sea más ágil, como se ha tratado de pretextar. Pues con 16, 12, o nueve, la Justicia sigue atascada.
El tiempo, que no entiende de amarres, se encargó de vencer el período de cinco magistrados en julio del año pasado, y, desde entonces, los partidos dominantes —PLC y FSLN—no han podido acordar qué abogados los sustituirán. Sin embargo, el tiempo es implacable, y en septiembre otros cuatro quedarán fuera. La Corte, que por mandato constitucional debe ser de 16 magistrados, quedará con siete.
Eso, de acuerdo con la Ley, deja inoperante al máximo cuerpo del Poder Judicial, pues hasta ahora había operado remendada, pero con siete, eso ya es imposible, pues el quórum es de nueve.
Ahí es donde está la oportunidad de oro. En lugar de buscar cómo elegir a nueve magistrados más para volver a completar el absurdo e injustificado número de 16, lo que se debe hacer es reformar la Constitución para de una vez por todas enmendar ese entuerto y dejar como Corte Plena a los siete que quedan.
Actualmente, por el lado sandinista, los magistrados son: Alba Luz Ramos, Armengol Cuadra, Rafael Solís, Marvin Aguilar, Yadira Centeno y Francisco Rosales; mientras por el lado liberal —entre arnoldistas y bolañistas— están: Guillermo Vargas Sandino, Fernando Zelaya, Iván Escobar Fornos, Carlos Guerra y Guillermo Selva. En septiembre tendrán que salir Aguilar, Centeno, Zelaya y Selva.
Reformar la Constitución para quedar en siete magistrados es muy factible, sólo falta voluntad, pues se necesitan los mismos 56 votos tanto para elegirlos como para reformar la Constitución. Los pactistas no tienen nada que temer, porque el balance entre liberales y sandinistas se mantendría igual. Actualmente están seis a cinco con ventaja sandinista. Quedarán cuatro a tres, siempre con ventaja sandinista. ¡Pero nos vamos a ahorrar un montón de plata!
Imagínense: nos ahorraremos nueve salarios de magistrados, nueve camionetonas, toneladas de combustible, nueve presupuestos de los despachos que incluyen asesores, secretarias, conductores, celulares, gastos de representación… y mejor ni sigo, pero seguro que es un montón de dinero.
Es cierto que tal vez esto no resuelva de inmediato la situación de la Justicia partidizada, pero tampoco lo hará la elección de otros nueve magistrados. Ya la diputada sandinista, Mirna Rosales, lo dijo con la mayor tranquilidad: “Ellos (PLC) dicen cinco liberales y cuatros sandinistas, nosotros decimos cuatro liberales y cinco sandinistas”. O sea, nada vamos a solucionar con elegir a ese montón de gente, sólo llevamos las de perder ahí.
Aunque ya puedo escuchar a los purista del Derecho decir que reformar la Constitución no es viable porque requiere aprobación en dos legislaturas consecutivas, y que a los magistrados se les vence el período en septiembre, lo que nos dejaría sin Corte hasta enero cuando la segunda legislatura apruebe la reforma a siete magistrados.
¡Avión! Digo yo. ¿Y acaso la Corte no ha venido operando por 10 meses como Corte Plena con 11 magistrados en violación a la Constitución, que dice que son 16? Si los diputados pueden voltear la Ley para arruinarnos la vida y satisfacer los caprichos de sus jefes, ¿por qué no pueden hacerlo para beneficiar a la gente? Es cierto, no lo harán por su gusto, por eso es hora de exigir la reducción de la Corte.
