Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que no es una celebración festiva de quienes ejercen la profesión del periodismo, ni una conmemoración de signo político, ideológico ni gremial, sino que se trata de una jornada de lucha por la defensa de la libertad de prensa que siempre está amenazada o es agredida en distintos lugares del planeta.
En realidad, como dice el periodista Andrés García, actual presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su escrito con motivo de esta conmemoración, y el cual publicamos hoy en nuestras páginas de Opinión: “La defensa, la vigilancia y el mantenimiento de la libertad de prensa y de expresión es una tarea de todos los días y es también una labor y un deber de cada persona”.
Este año la jornada mundial de defensa de la libertad de prensa está dedicada a expresar la solidaridad con los 28 periodistas independientes cubanos que recientemente fueron condenados por el régimen comunista de Fidel Castro a penas de prisión de 17 a 30 años, por el “delito” de ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y además está consagrada a exigir justicia por el asesinato durante el último año de 11 periodistas latinoamericanos (nueve en Colombia y dos en Brasil), así como a honrar la memoria de los que murieron en la guerra de Irak del mes pasado.
Los periodistas que mueren en las guerras van a éstas conscientes de que corren un riesgo mortal. Pero hay una disposición legal internacional de obligatorio cumplimiento para las fuerzas contendientes (artículo 79 del Protocolo Adicional de la Convención de Ginebra, de agosto de 1949), según la cual “los periodistas que realicen misiones profesionales en las zonas de conflicto armado se considerarán como personas civiles que están protegidas como tales en tanto se abstengan de todo acto que afecte su estatuto de persona civil”.
En el lenguaje del derecho humanitario internacional eso significa que los Estados y las fuerzas beligerantes tienen la responsabilidad de proteger a los periodistas que cubren las incidencias bélicas, y por lo tanto están obligados a distinguir entre objetivos civiles, que no pueden ser objeto de ataque, y objetivos militares, que sí pueden serlo.
Inclusive en situaciones como la del Hotel Palestine durante los recientes combates en Bagdad, desde donde francotiradores iraquíes con deliberada intención criminal atacaron a tropas norteamericanas —para que éstas respondieran al fuego y mataran e hirieran a periodistas que tenían en dicho hotel su base de operaciones—, los soldados estadounidenses no debieron responder con el fuego indiscriminado que mató e hirió a varios periodistas y otros civiles inocentes que estaban allí.
Por otro lado, en Nicaragua, desde que el régimen totalitario sandinista fue derrotado electoralmente por el pueblo, a principios de 1990, no hay censura de prensa, ni agresiones contra los medios, ni represión contra los periodistas. Sin embargo se les presiona con la asignación de pautas publicitarias tanto del Gobierno como del sector privado; no se quiere garantizar legalmente el acceso a la información pública; hay una ley de colegiación de periodistas que atenta contra el derecho a la libertad de prensa y que es obviamente inconstitucional pero la Corte Suprema de Justicia por razones políticas no la ha querido anular; y está en trámite de aprobación una ley de supuesta igualdad de oportunidades para las mujeres que impondría la intervención estatal y la censura a los medios de prensa.
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro realizaron en abril recién pasado un Foro Nacional sobre la Libertad de Expresión, que propuso “para el fortalecimiento y plena vigencia de la Libertad de Expresión en Nicaragua” la aprobación de una ley de acceso a la información pública, impulsar la autorregulación ética de los medios, crear la figura del Ombudsman en los medios, impulsar un “foro ético” de periodistas y dueños de medios, así como la revisión de la Ley de Colegiación de Periodistas y otras medidas igualmente necesarias e importantes.
En realidad en Nicaragua como en todas partes del mundo también está vigente la lucha por la defensa de la libertad de prensa, la cual, en realidad, nunca se termina.
