Ary Neil Pantoja [email protected]
Los 153 alcaldes del país se comprometieron con la población discapacitada a crear normas de urbanización que permitan el diseño y construcción de edificios públicos que faciliten el acceso de las personas con incapacidades físicas.
El compromiso de los alcaldes surgió de la Asamblea General de la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), donde participaron representantes de las nueve organizaciones de discapacitados que integran la Comisión de Organizaciones de Personas Discapacitadas por la Integración Municipal.
En tal sentido, Amunic y la Comisión establecieron una “alianza-compromiso” que se traducirá en el establecimiento de normas para aprobar esas “ordenanzas municipales”, que sean cumplidas por futuras administraciones edilicias.
Según el documento firmado en la alianza, los alcaldes se comprometieron a incluir en el trabajo municipal programas de capacitación sobre accesibilidad arquitectónica y normas convencionales de urbanización, así como capacitaciones sobre las leyes que protegen a las personas con discapacidad, dirigidas a autoridades del Estado.
También acordaron la formulación de un manual de accesibilidad, capacitación sobre participación ciudadana en la formulación del presupuesto municipal y sobre la ley reguladora del funcionamiento municipal; un programa de retroalimentación informativa y comunicativa entre las autoridades edilicias y las organizaciones de discapacitados, así como la ejecución de obras que permitan el acceso.
Los representantes de la comisión de organismos de discapacitados entregaron a los alcaldes copia de la Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 202), y copia del convenio Normas Uniformes, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) —del cual Nicaragua es signatario— que establece que los países firmantes deben ejecutar políticas que garanticen la accesibilidad a los discapacitados.
Los miembros de la comisión les recordaron a los alcaldes del país que el 12 por ciento de los nicaragüenses padece algún tipo de discapacidad y que, por tanto, deben adecuar la infraestructura municipal para que ellos también tengan acceso a las mismas.