- Cuatro leyes ambientales duermen en la Asamblea Nacional, mientras arden bosques
José Adán Silva [email protected]
Los pinares de Jalapa siguen ardiendo; el fuego ha sido apagado en los bosques de Bosawás, luego de haber devorado cientos de hectáreas; ahora el siniestro se ha trasladado hasta las riberas del río San Juan, cerca de la reserva Indio Maíz, y en la Región Autónoma Atlántico Norte se queman miles de hectáreas de pinos; todo esto ocurre mientras en la Asamblea Nacional están varadas al menos cuatro leyes de carácter ambiental.
Así lo denunció ayer el Procurador del Medio Ambiente, Lizandro de León Mairena, quien dijo que mientras la Asamblea Nacional no apruebe los delitos ambientales dentro del Código Penal, esa institución estará de “manos atadas ante la destrucción ambiental”.
La Ley del Agua, Ley Forestal, Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y el acápite de Delitos Ambientales en el Código Penal de Nicaragua, yacen engavetados en la Asamblea Nacional desde hace más de cuatro años.
¿Es urgente la aprobación de los delitos ambientales en el Código Penal? –se le pregunta al procurador, y su respuesta es categórica:
“Mi criterio es que esa ley es de vida o muerte, porque los recursos ambientales son patrimonio del Estado nicaragüense, según el artículo 102 de la Constitución Política, pero además los problemas ambientales son muchos y la capacidad estatal para combatir esos problemas es limitada por falta de recursos”, expresó Mairena.
“En el sector de Las Segovias están las quemas de bosques de pino en proceso de regeneración natural; en Juigalpa, Boaco y Chontales está la contaminación de las fuentes hídricas por residuos de leche y sueros; en el Norte está el tráfico ilegal de madera y la fauna en peligro de extinción; en el Caribe, además del tráfico ilegal de madera, está la matanza indiscriminada de tortugas y captura de langostas fuera de talla; en el Pacífico se da el problema de las salineras, la destrucción de manglares, la contaminación de fuentes de agua con desechos tóxicos de las Zonas Francas… Nicaragua es un problema ambiental que urge de la aprobación de leyes y recursos para su aplicación”, expresó Mairena.
La Procuraduría del Medio Ambiente es una entidad especializada de la Procuraduría General de la República y está encargada de velar por el cumplimiento de las leyes relacionadas con la protección del medio ambiente, y demandar y procesar a los que atentan contra los recursos naturales.
En teoría, la Procuraduría Ambiental debería aplicar sanciones civiles y administrativas y exigir el cumplimiento de las leyes, pero en la práctica no logran hacer mucho porque no hay leyes específicas.
Por el momento han determinado la permanencia de un procurador ambiental en Jalapa que está investigando las quemas, para la aplicación de sanciones administrativas, así como la de otro en Bosawás, donde sí aplicarán medidas ambientales.
