Juan José Lacayo [email protected]
El empresario radial, Carlos Mario Peña, aseguró que las transmisiones de Radio Máxima, de su propiedad, están protegidas por un Recurso de Amparo otorgado por el Tribunal de Apelaciones de Managua y rechazó las presiones del Instituto de Telecomunicaciones (Telcor) para que la emisora salga del aire.
Peña calificó como “un chamarrazo” para intimidarlo una carta que le envió el director de Telcor, Mario González, para que suspenda las transmisiones de la emisora que opera en la frecuencia 600 de Amplitud Modulada (AM). González alega que desde el pasado 7 de marzo, mediante una resolución administrativa, se rechazó la solicitud de renovación de la licencia de la radio, se declaró la terminación del contrato y se ordenó el cese de sus operaciones.
Asimismo, señaló en su misiva que aún no había sido notificado oficialmente de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, en la que se suspende el acto administrativo y se restituyen los derechos del operador, y que continuaba firme la resolución de Telcor, por lo cual, la emisora está operando ilegalmente.
Sin embargo, Peña indicó que el Tribunal de Apelaciones ya notificó oficialmente de su sentencia al director de Telcor, Mario González y a la subdirectora Nubia Alegría, por lo que, conforme a la Ley, quedan suspensas todas las acciones legales que podrían afectar a Radio Máxima.
No obstante, insistió en que la doctrina del Recurso de Amparo contempla que una vez que haya sido notificado el recurrente (Peña), tienen vigencia los efectos de la sentencia sin esperar a que la parte recurrida, infractora de la Ley Constitucional, sea notificada.
“En otras palabras, Radio Máxima está en el aire por mandato judicial”, comentó Peña, quien señaló que todas las acciones administrativas de Telcor quedan suspensas hasta que el caso sea revisado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSE).
“Estoy amparado y nadie puede afectar la radio”, añadió, y recordó que ahora Telcor tendrá 10 días para trasladar las diligencias administrativas a la Sala Constitucional de la CSJ, la cual deberá pronunciarse sobre el caso en un plazo de 45 días. “La CSJ dirá la última palabra”, reiteró.
