- Director ejecutivo de organismo invita a Fenosa a marcharse del país
Arturo Mcfields Yescas [email protected]
“Si están perdiendo, que se vayan del país”, dijo Gonzalo Carrión, Director Jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al referirse a las presiones que ha iniciado la empresa Unión Fenosa por un racionamiento del servicio eléctrico, en caso de que el gobierno no acceda a reajustar la tarifa.
Carrión explicó que en casos como el de República Dominicana, los gobiernos han tomado una actitud más beligerante en torno a la defensa de los derechos de la ciudadanía y han llegado, incluso, a suspender los contratos con la transnacional española.
De acuerdo al Artículo 105 de la Constitución Política de Nicaragua, “es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, transporte, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población y es derecho inalienable de la misma el acceso a ellas; las inversiones privadas y sus modalidades y las concesiones de explotación a sujetos privados en estas áreas serán regulados por la ley en cada caso”.
Asimismo, Carrión desestimó que Fenosa esté atravesando problemas de iliquidez financiera para pagar los costos que conlleva la generación de energía eléctrica.
“Si fuese mal negocio, si ellos estuvieran perdiendo o arriesgando mucho, entonces la invitación que les haríamos es que se vayan de Nicaragua. Ninguna empresa se establece para perder, si estuvieran perdiendo en Nicaragua ya se hubieran ido del país”, dijo Carrión.
El activista de derechos humanos indicó que si Fenosa se marcha, el gobierno podría hacer una nueva convocatoria, en la que se presente una alternativa “con una empresa que brinde mejores precios para los nicaragüenses, que están contra la espada y la pared”.
Carrión hizo hincapié en que el gobierno debe romper la complicidad que ha sostenido desde hace dos años con Fenosa y revelar los verdaderos acuerdos que “amarró” con la transnacional, “por los cuales ahora los usuarios se ven obligados a pagar las consecuencias”.
