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El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Julio Ramón García Vílchez, pidió la semana pasada que le devuelvan su pensión mensual de 90 mil córdobas que le recortaron a él y a otros cuatro ex funcionarios de ese poder del Estado.
Reclamó con ahínco su derecho a tener una pensión de privilegio, porque se considera merecedor de una “jubilación digna” y, para concluir, su argumento fue: “Yo vengo de abajo y me he abierto paso”.
Si García, por haber sido magistrado durante siete años cree que merece 90 mil córdobas mensuales como pensión, ¿cuánto debería exigir un ciudadano que ha trabajado y cotizado al Seguro durante 20 años o más y al retirarse sólo percibe por jubilación dos mil o seis mil córdobas por mes?
Desde enero la Corte dejó de pagar a los cinco ex magistrados el complemento con que redondeaban los 90 mil córdobas mensuales como “jubilación digna”. Sólo les quedó la pensión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) equivalente a 1,500 dólares.
“…Aunque sea eso, 1,500 dólares”, dijo García como resignándose a lo peor, a pesar de que sigue ejerciendo su profesión y es catedrático en una universidad privada, algo que el INSS no le permitiría hacer a un jubilado común y corriente, porque la ley dice que la pensión será suspendida “si el asegurado reanuda sus actividades” laborales.
Es una ofensa en Nicaragua sugerir una pensión de 90 mil córdobas para un funcionario público. Si el ex magistrado ganaba por mes 90 mil córdobas, entre salario y bonificaciones, en un período de siete años recibió 7.6 millones de córdobas, o sea medio millón de dólares.
¿Qué sacrificios extraordinarios tuvo que hacer en ese cargo? Ninguno mayor que las ventajas económicas y profesionales que consiguió y que ahora le pueden dejar buenas oportunidades e ingresos en el campo jurídico.
Digno sería que el Estado acabara con esos gastos extraordinarios con que favorece a funcionarios que, además de haber percibido salarios de 100 mil córdobas o más (6 ó 7 mil dólares), quieren irse de los cargos públicos con subvenciones iguales, a pesar de que ninguna pensión del INSS puede ser mayor a 1,500 dólares por mes.
Incluso, el hecho de retirarse con una pensión de 1,500 dólares les da una ventaja frente a los ciudadanos con ingresos menores, porque su asignación se revalúa de forma automática, aunque la reciban en córdobas. En cambio, los ciudadanos que perciben menos, tienen una pensión tasada en córdobas que pierde valor cada día.
Con una pensión mensual de 90 mil córdobas (seis mil dólares), que al año suma más de un millón de córdobas, podríamos pagarle los estudios a más de 400 niños, porque el organismo Eduquemos estima que mantener a un niño en la escuela cuesta 170 dólares al año, incluyendo dos uniformes completos, dos uniformes deportivos, zapatos y una mochila con sus útiles escolares.
